
La entrada O´Donnell del cementerio de la Almudena recibe a los madrileños con varios muros de piedra con restos de pega desprendida que dejan ver que un día hubo algo que ya no está. Es un misterio para la mayoría de los visitantes de la necrópolis, que no conocen la razón de que haya un monumento desnudo, despojado de lo que fue. Para quienes saben que colgaba de estas paredes, es una fuente de indignación, enfado y dolor. Es justo en ese lugar, donde iban a quedar guardados del olvido los nombres de los 2.936 españoles fusilados por el régimen franquista entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944, tras la Guerra Civil. Pero no fue así. El paso del Ayuntamiento las manos de Manuela Carmena a las de José Luis Martinez-Almeida provocó que se paralizaran las obras. El Gobierno del Partido Popular también hizo arrancar las placas con los nombres que ya estaban colocadas. Desde entonces, la Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este pide en su homenaje anual -que ha celebrado este domingo- al alcalde que no les borre de la memoria.
Luís Fernández Contreras, portavoz de la plataforma, explica que las decenas de personas que se han concentrado junto a la tapia solo quieren que se recuerde la memoria de las víctimas. “Venimos a reivindicar la reposición del memorial del cementerio que nos quitó el señor Martínez-Almeida en 2019. Queremos reponer el nombre de nuestras víctimas, de nuestras 2.936 personas que fueron asesinadas en estas tapias, simple y llanamente”, explica. ¿Qué les dice el Consistorio? “Nada, pasan, pasan de nosotros directamente”.
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Fernández, dice, no entiende por qué se borró a sus familiares del cementerio. “Cuando las quitaron los volvieron a fusilar. Mi abuelo era sastre. Fue el primer alcalde del republicano de Fuenlabrada, pero su oficio era sastre. Mi tío abuelo era el carnicero del pueblo, tenía una charcutería. Por pensar diferente, les mataron. Y en la placa solamente ponían el nombre, la edad y la fecha del fusilamiento. No ponía nada más”, insiste. Ahora, en ese espacio del que reniegan, han puesto una frase que para el portavoz suena ridícula: “Paz, piedad y perdón”. “Después de la guerra no hubo paz, ni piedad, ni perdón; todo lo contrario, así que, tal como está el memorial, no nos representa. Por eso preferimos hacer el homenaje en las tapias donde fueron fusilados”, indica.

Para Fernández, la declaración de Lugar de Memoria Democrática de la tapia de fusilamiento supone un hilo de esperanza contra el olvido. El pasado 20 de octubre el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializaba este nombramiento y reconocía “el ensañamiento y la extensión de una cultura de la guerra tras haberse rendido la ciudad, forma parte del sistema de represión sobre los vencidos, que se mantuvo en Madrid con características propias” y que convirtió el camposanto en “uno de los escenarios de la represión que ejerció la dictadura franquista durante el período de la posguerra”.
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El acuerdo contempla que la Administración General del Estado “impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo en el bien objeto de esta resolución, así como de señalización de punto de reconocimiento de las víctimas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos”. Así, queda la puerta abierta a que los nombres vuelvan.

2.936 personas fusiladas
Entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas, ya pasada la Guerra Civil, 2.936 personas de numerosas localidades españolas fueron asesinadas. Al menos 44 fueron ejecutadas a garrote vil y el resto fueron fusiladas en las tapias. Este lugar de represión se mantuvo hasta la inauguración de la nueva prisión de Carabanchel en junio de 1944, que pasó a ser el nuevo lugar de fusilamientos del régimen franquista.
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Las víctimas eran en su mayoría hombres y mujeres que habían sido militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales, y republicanos que se oponían a la dictadura, muchos de los cuales habían sido juzgados en procesos militares sin las debidas garantías legales. Entre las víctimas se cuentan 80 mujeres, entre ellas las conocidas como «Las trece rosas», fusiladas el 5 de agosto de 1939. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio y muchos fueron trasladados, sin el permiso de las familias, a el Valle de los Caídos.
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