El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

Han pasado ya ocho meses desde que se levantó el secreto a la investigación judicial del llamado caso Montoro, que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Ocho meses en los que la instrucción se ha mantenido en una especie de pausa, que, parece, ya se empieza a romper.

En una providencia firmada el 21 de abril de 2026, a la que ha tenido acceso Infobae, el juez instructor del juzgado número 2 de Tarragona llama a declarar a los primeros ocho imputados de los 28 que hay en esta causa, entre los que no se encuentra ni el propio exministro Montoro, ni ninguno de los cargos del Ministerio de Hacienda investigados.

Se trata de parte de los empresarios que habrían realizado pagos a Equipo Económico a cambio de los beneficios fiscales que se investigan y que tendrán que pasar por el juzgado entre el 30 de abril y el 12 de mayo.

El primer grupo en comparecer está compuesto por los directivos Rubén Folgado Girón y Karl Andrea Hauck, vinculados a la empresa Messer Ibérica, que están citados el 30 de abril. Les seguirá el 8 de mayo un bloque formado por Patrick Emmanuel Marcel Jozon, Teresa Rasero Guerrero y Jorge Pedrazuela Prieto. Finalmente, el 12 de mayo declararán Eduardo Gil Elejoste, Carlos Romero Moreno y Jacobina Escámez Esteve, todos ellos relacionados con compañías del sector de gases industriales y energía.

Las cuentas bancarias de Montoro

En paralelo, el juez instructor ha presentado una nueva diligencia en la que se solicita a diferentes entidades bancarias los movimientos de todas las cuentas del exministro y de su entorno cercano durante los últimos 20 años. Entre las entidades bancarias requeridas para facilitar esa información están el Banco Santander, el Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank y Deutsche Bank.

En concreto, el juez pide los movimientos de todas las cuentas bancarias activas o no; los ficheros informáticos en los que consten los fondos recibidos o enviados con origen o destino al extranjero; una relación de cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados con todo grado de detalle; y las tarjetas asociadas, así como cualquier documentación relativa a planes y fondos de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos.

La estrategia dilatoria de las defensas

Estos dos últimos pasos significan un primer impulso judicial, tras la fase de “pausa” en la que se encontraba desde el levantamiento del secreto. Esto se ha debido principalmente a las estrategias que persiguen las defensas de los 28 acusados: dilatar las diligencias. Desde el comienzo han presentado todo tipo de recursos, desde peticiones de nulidad a poner en duda la legitimidad del juzgado para llevar el proceso, lo que durante meses ha dejado el caso en una especie de ‘modo de espera’.

Esta es una conclusión que, aunque se sospechaba desde antes, quedó reflejada en un escrito de la Fiscalía que indicaba claramente cómo, a su juicio, las defensas estarían intentando frenar la investigación mediante la interposición de recursos “masivos”.

En este mismo escrito, la fiscal Anticorrupción, Carmen María García Cerdá, destacaba también “lo llamativo de las argumentaciones utilizadas en algunos casos”. “Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes”, añadía.

Entre sus críticas, también destaca que algunas de estas peticiones buscan cerrar la investigación o se oponen a la prórroga de la instrucción, pese a que hasta ahora no se ha tomado declaración a los investigados, quienes han solicitado aplazamientos para poder examinar la causa.

“Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la Instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba, etc.”, denunciaba.