El juez instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha decretado prisión provisional y sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, tras las vistillas celebradas este jueves y por el riesgo “extremo” de fuga de ambos ante la próximidad del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.
Las acusaciones, lideradas para el PP, ya habían solicitado esta medida en su escrito de acusación, pero esta vez también se ha adherido a esta petición la Fiscalía Anticorrupción. Por su parte, la defensa de Ábalos ha intentado sin éxito evitar su ingreso en la cárcel, esgrimiendo el arraigo de su representado y su condición de diputado.
El exministro ha defendido que no tiene ningún lugar al que ir, ni el dinero suficiente para escapar. También ha asegurado a la Cadena Ser que es una “una decisión política” que busca “conseguir una declaración colaborativa”. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.
La vistilla del exministro se ha celebrado a las 10:00 y la de Koldo a las 12:30, pero la decisión se ha retrasado porque su abogada quería asistir a la declaración del otro acusado, Víctor de Aldama.
El procesamiento de los investigados
Estas vistillas, a diferencia de las anteriores, que se produjeron tras sus declaraciones como investigados, nacen del auto en el que el instructor les procesó en la pieza inicial del caso Koldo, centrada en los pagos ilícitos en los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de covid, por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Tras el auto del instructor, la Fiscalía presentó su escrito de acusación en el que pedía 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama. Las acusaciones van un poco más lejos y piden 30 años para los dos primeros acusados y 7 años para el empresario.
El foco principal en el que se va a centrar este juicio es en el hecho de que la empresa de Aldama, Soluciones Gestión, se hizo con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro en marzo de 2020.
El ministerio público relató en su escrito como el comisionista Víctor de Aldama conoció a Koldo y a Ábalos gracias a que su hermano era escolta del exministro. “En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico.
Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad”.
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