Anticorrupción suma un nuevo delito a la trama de mascarillas: El uso de información privilegiada para captar contratos

Anticorrupción ha atribuido al exministro José Luis Ábalos, al exasesor de éste, Koldo García, y al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, un nuevo delito: el de aprovechamiento de información privilegiada. Ha dado este paso al apreciar que los dos primeros avisaron al empresario de la necesidad que tenía Transportes de adquirir mascarillas durante la pandemia, lo que permitió a éste "adelantarse" a sus competidores y presentar una oferta que finalmente fue elegida.

Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado este mismo miércoles el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, ante el Tribunal Supremo de cara al juicio que se celebrará contra el exdirigente socialista por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes que dirigía durante la pandemia.

El Ministerio Público reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para De Aldama. Al exministro y su exasesor les atribuye presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos.

El fiscal jefe de Anticorrupción suma así un nuevo delito --el de aprovechamiento de información privilegiada-- a los cuatro que hasta ahora el magistrado instructor, Leopoldo Puente, había atribuido a los investigados.

Luzón sostiene que De Aldama obtuvo de Ábalos y Koldo "información previa y privilegiada acerca de la necesidad que tenía el Ministerio de Transportes de adquirir equipos de protección individual".

A su juicio, esto permitió al empresario "articular una oferta" con "la aquiescencia" de Ábalos y Koldo, "el compromiso de que los contratos le serían adjudicados" y "la relevante información de la que disponía, que todavía no se había hecho pública".

Todo ello, según Anticorrupción, derivó en que De Aldama pudiera "adelantarse a posibles competidores y asegurar la perfección del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía": Soluciones de Gestión.

EL CONTRATO ABRIÓ PUERTAS EN CANARIAS Y BALEARES

Así las cosas, Luzón destaca que --"como estaba acordado"-- el mismo 21 de marzo de 2020 que se publicó la orden ministerial para la adquisición de cuatro millones de mascarillas por parte Puertos del Estado --que luego se amplió a ocho millones de mascarillas-- resultó adjudicataria del contrato la empresa vinculada a De Aldama. Y consiguió así un negocio de 24,2 millones de euros.

Al hilo, el fiscal recalca que dicha contratación con Transportes "facilitó" a De Aldama que Soluciones de Gestión "resultara después adjudicataria de diferentes contratos de suministro de material de protección sanitario de otras administraciones públicas", como Baleares o Canarias.

"Todas estas adjudicaciones públicas permitieron a Víctor de Aldama obtener los correspondientes beneficios generados como consecuencia de la comisión obtenida de Soluciones de Gestión, parte de los cuales hizo llegar en compensación a José Luis Ábalos y Koldo García", apunta Luzón.

Según la Fiscalía, el beneficio obtenido por De Aldama por los contratos adjudicados por Puertos del Estado y Adif a la referida empresa ascendió a 3.713.981 euros, la misma cantidad que reclama a los tres acusados en concepto de multa.