La UCO sitúa al expresidente de la Diputación de Almería en el centro de una supuesta red familiar para blanquear dinero en efectivo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha colocado al expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, en el eje de una presunta operativa de blanqueo de capitales que, según los investigadores, se habría articulado a través de sus propios hermanos para la integración en el circuito legal de “fondos en efectivo de origen desconocido”. Así se desprende del atestado que permitió los registros y detenciones del pasado martes 18 de noviembre, en el marco de la segunda fase del caso Mascarillas, al que ha tenido acceso la agencia EFE.

Los agentes sostienen en el informe que García Molina habría percibido “una serie de fondos en efectivo fruto aparentemente de la actividad delictiva que venía desarrollando” al frente de la institución provincial. Para dar salida a este dinero, los investigadores describen un doble mecanismo: por un lado, el uso directo de metálico para afrontar gastos cotidianos; por otro, el despliegue de “operativas que le habrían permitido integrarlo en el circuito financiero”, valiéndose para ello de su entorno familiar.

Una caja fuerte en Balanegra y manuscritos sobre “entregos”

Uno de los elementos que más peso ha adquirido en la investigación apareció durante el registro realizado en el domicilio de su hermana M.R.G.M., en la localidad almeriense de Balanegra. En la despensa de la vivienda, dentro de una caja fuerte, los agentes encontraron 7.620 euros en metálico. Junto al dinero, intervinieron un papel escrito a mano, en tinta roja, con un mensaje explícito: “Este dinero es de Javier Aureliano”.

El hallazgo no se limitó al efectivo. En el mismo registro, la Guardia Civil localizó varios manuscritos con anotaciones contables bajo el concepto “entrego” y cantidades que oscilaban entre los 100 y los 500 euros. Para la UCO, estos apuntes son indicios de una dinámica continuada de movimientos de dinero al margen del control fiscal, utilizada presuntamente para canalizar fondos hacia el expresidente o para mantener una caja paralela gestionada por varios miembros de la familia.

La investigación se amplió también al despacho oficial de García en la sede de la Diputación de Almería. En el cajón principal de su mesa de trabajo, los agentes encontraron un documento titulado “Ingresos declarados y cobrados efectivo”, consistente en una tabla con supuestos ingresos provenientes del alquiler de pisos y de beneficios agrícolas ligados a una finca familiar. Según el atestado, el contenido buscaba acreditar el uso de efectivo en operaciones vinculadas a estas fuentes de renta.

Sin embargo, el análisis policial ha detectado inconsistencias relevantes. Al menos dos de los importes incluidos en dicha tabla no habrían sido cobrados en metálico, como se afirmaba en el documento, ya que los investigadores han localizado transferencias bancarias por esos mismos conceptos en cuentas atribuidas a García Molina. Para la UCO, esta contradicción revela que la tabla fue elaborada ad hoc con el objetivo de servir de coartada para justificar el manejo de dinero en efectivo, tratando de simular un origen lícito asociado al patrimonio inmobiliario y agrícola.

Las cuentas de los padres fallecidos y el pago de una hipoteca en Almerimar

El atestado dedica un capítulo específico al papel que habrían desempeñado los dos hermanos del expresidente, también investigados. En el caso de M.R.G.M., los agentes aseguran que utilizaba una cuenta bancaria aún activa a nombre de sus padres fallecidos para realizar ingresos de efectivo. Desde dicha cuenta se habrían pagado de forma regular las cuotas de la hipoteca de una vivienda situada en Almerimar, en el municipio de El Ejido, cuya titularidad corresponde a Javier Aureliano García. De este modo, el político evitaba que los pagos se reflejaran en sus propias cuentas oficiales, según detallan los investigadores.

El otro hermano, J.C.G.M., reconoció ante la Guardia Civil que “los alquileres siempre han sido pagados en efectivo”, aludiendo a que de otro modo “no los hubieran cobrado”. El mismo aseguró que él mismo realiza “disposiciones en efectivo” desde la cuenta de la comunidad de bienes familiar para repartir los beneficios directamente en mano tanto a su hermana como a García Molina.

Pese a estas explicaciones, J.C.G.M. también admitió haber transferido 18.000 euros a una cuenta personal del expresidente, alegando que este “necesitaba el dinero” para la compra de un solar en la zona de Rodalquilar, en el término municipal de Níjar, operación que los agentes interpretan como una muestra más de la presunta opacidad económica que habría rodeado al núcleo familiar.