Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha presentado este jueves su dimisión después de ser arrestado este martes por el presunto cobro de comisiones en la trama de contratos de material médico durante el COVID.

Según un comunicado remitido por la institución provincial a la agencia EFE, se trata de “una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial”. En esta “nueva etapa”, menciona la misiva, Javier A. García “se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia, un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional”, abunda el comunicado.

El ahora exdirigente del PP quedó en libertad este jueves después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase de la investigación, que involucra también al vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez —quien también ha presentado de forma oficial su renuncia— , el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y Óscar Liria Sánchez, el que fue vicepresidente de la Diputación de Almería con el PP durante tres décadas. Este último ha vuelto a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

El centro de las pesquisas: un contrato de más de dos millones de euro

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúan en el foco la adjudicación de un contrato urgente de mascarillas, guantes y monos sanitarios valorado en 2,03 millones de euros a la empresa Azor Corporate Ibérica. La causa, que ya suma al menos una decena de supuestos implicados entre detenidos e investigados, ha salpicado también a familiares de García, concretamente a una hermana y un hermano.

Según el auto que autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) a practicar las detenciones oportunas, existen sospechas fundadas de hechos que podrían constituir delitos de cohecho, malversación y blanqueo. La investigación apunta a una colaboración en la adjudicación fraudulenta de contratos públicos para beneficiar a determinadas empresas, a cambio de comisiones presuntamente destinadas a los investigados.

En la causa está personificado como acusación popular el PSOE, que fundamenta su solicitud en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril. El abogado de los socialistas fue el único que pidió prisión para el también presidente del PP de Andalucía, pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería se limitó a imponerle la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado y le retiró el pasaporte, tal y como había solicitado el fiscal.

Noticia con información de agencias