
La valoración médica realizada sobre el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años, concluye que su estado de salud no le permite afrontar el juicio que arranca el próximo lunes en la Audiencia Nacional. Los médicos forenses que lo examinaron por orden del tribunal sostienen que padece un “deterioro cognitivo moderado”, irreversible y evolutivo, asociado a un trastorno neurocognitivo de tipo mixto, alzhéimer y vascular, lo que, según el informe, lo incapacita tanto física como cognitivamente para comparecer en una vista oral y para ejercer su propia defensa.
El documento, al que ha tenido acceso EFE, fue elaborado tras una exploración realizada en el domicilio del expresident en Barcelona, poco antes de que fuera ingresado en la clínica Sagrada Familia por una neumonía acompañada de infección pulmonar. La Audiencia Nacional encargó el informe después de que la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, solicitara que se evaluara su capacidad para afrontar el proceso y planteara la posibilidad de que pudiera seguir el juicio por videoconferencia.
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El tribunal tiene ya en su poder las conclusiones forenses y ha dictado una providencia en la que cita a Pujol para un examen directo el próximo lunes, momentos antes del inicio de la primera sesión. También permite que dicha comparecencia se realice de forma telemática en caso de que su estado de salud desaconseje el desplazamiento. Paralelamente, los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) y el forense de la Audiencia Nacional han sido convocados para ratificar su dictamen ante los magistrados y las partes personadas.
Exploración médica y síntomas detectados
Los especialistas que se desplazaron al domicilio del expresident describen en su informe una entrevista marcada por fallos de memoria, pérdidas del hilo conversacional y una acusada fatiga cognitiva y atencional conforme avanzaba la exploración. El documento detalla alteraciones significativas en diversas áreas: orientación temporal, denominación, función visuoespacial, inhibición y fluidez verbal. Aunque parte de la memoria incidental se mantiene, el perfil global —según el dictamen— confirma un deterioro cognitivo moderado que afecta de manera sustancial a su autonomía y a su capacidad para comprender y participar en un proceso penal.
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El informe presentado a los magistrados subraya que la evolución de la patología es irreversible y progresiva y que no existe tratamiento eficaz capaz de revertirla. Por ello, los forenses concluyen que Pujol no dispone de “la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”, ni reúne las condiciones para intervenir en un juicio de larga duración como el que está previsto.
Pujol permanece ingresado desde el sábado y evoluciona favorablemente de la neumonía. Las previsiones médicas apuntan a que podría recibir el alta el jueves, lo que, en principio, le situaría a tiempo del inicio de la vista oral, prevista para el 24 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). No obstante, la decisión sobre cómo participará —si es que puede hacerlo— depende ahora de la comparecencia del lunes y del criterio final de los magistrados.
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El juicio al clan Pujol y el alcance penal del caso
El proceso que se abre la próxima semana juzgará a Jordi Pujol y a sus siete hijos por una supuesta trama de enriquecimiento ilícito a través de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones, fondos que habrían permanecido ocultos durante décadas en Andorra. La Fiscalía reclama nueve años de prisión para el expresident por delitos de blanqueo y asociación ilícita, además de penas que oscilan entre los ocho y los 29 años para sus hijos. La causa contra su esposa, Marta Ferrusola, decayó por “demencia severa” antes de su fallecimiento en 2024.
El juicio llega tras años de retrasos acumulados, que en parte se atribuyen a recursos e iniciativas procesales presentadas por la familia Pujol y encaminadas, entre otros fines, a la retirada de documentación sensible del sumario. La vista oral está diseñada para prolongarse hasta mediados de 2026 y contempla la declaración de más de 250 testigos, lo que anticipa un proceso especialmente complejo y de gran carga probatoria.
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