
El acceso a una vivienda en la Comunidad de Madrid se ha convertido en una meta inalcanzable para los trabajadores de hostelería, que deben destinar el 40% de su salario neto durante 58 años para pagar la hipoteca de un piso de 60 metros cuadrados, sebún recoge el Convenios colectivos y el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, presentado este martes por la Unión General de Trabajadores (UGT), en el contexto del Día Mundial por el Trabajo Decente.
El informe, presentado por Margarita Domínguez, secretaria de Relaciones Institucionales y Política Sindical de UGT, y Sonia Álvarez, secretaria de Igualdad y Política Territorial del sindicato, sostiene que la dificultad para acceder a una vivienda ha alcanzado dimensiones de “emergencia social” por la subida continuada de los precios, la escasez de vivienda pública y el impacto de la llamada turistificación.
Según el documento, “tener empleo ya no garantiza el acceso a una vivienda”, ya que el coste de compra y alquiler ha superado los picos previos a la crisis de 2007, mientras los salarios permanecen estancados.
Sonia Álvarez alertó sobre el “desequilibrio entre la oferta y la demanda, la especulación inmobiliaria y la reducción del parque residencial disponible”. Además, subrayó que el aumento de precios desde 2015 en la Comunidad de Madrid ha sido del 97%, el mayor de todo el país mientras que en las categorías retributivas más bajas del sector de la hostelería el salario neto no cubre ni la media de la hipoteca actual.
Alquileres por las nubes
El panorama en el mercado de alquiler es aún más restrictivo, según el informe. Recoge que los trabajadores de la hostelería destinan, de media, más del 60% de su salario neto al pago de la renta mensual y “en las categorías salariales más bajas, el pago del alquiler supera los ingresos disponibles”.
Esta situación afecta especialmente a los jóvenes, ya que el salario medio apenas supera los 1.200 euros netos mensuales, lo que hace “prácticamente imposible su emancipación”. Más del 80% de los menores de 30 años en Madrid no logra independizarse, señalan desde UGT. Por lo que “si no se garantiza una vivienda y salarios dignos, estamos hipotecando el futuro de una generación entera”, señaló Sonia Álvarez.
Aplicación urgente de declaración de zonas tensionadas
Las responsables del sindicato responsabilizaron a la “inacción” de las instituciones públicas y criticaron la falta de medidas efectivas por parte del gobierno regional. El informe denuncia que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha incumplido el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna. Según UGT, la negativa del ejecutivo autonómico a intervenir sobre el mercado inmobiliario, en especial tras la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda de 2023, ha agravado la crisis habitacional.
Entre las principales reclamaciones del sindicato figura la aplicación inmediata de la ley estatal y la declaración de zonas tensionadas en los municipios donde el acceso a la vivienda supera el 30% de la renta familiar disponible. UGT también exige la ampliación urgente del parque público de viviendas en alquiler social, una regulación estricta para las viviendas de uso turístico y la inclusión del precio de la vivienda como variable estructural en la negociación colectiva.
“Sin vivienda digna no hay vida digna y sin trabajo decente no se accede a una vivienda asequible”, concluye el documento difundido por el sindicato, que pone el foco en las consecuencias a largo plazo de la falta de políticas públicas efectivas ante la crisis habitacional, una problemática que afecta ya a varias generaciones de trabajadores y amenaza con extenderse en el tiempo.
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