Una funcionaria de prisiones relata cómo los presos introducen la ‘droga caníbal’ en las cárceles: “Hay un techo que no está vallado y por ahí pueden pasar drones”

La prisión de Alhaurín de la Torre se ha convertido en el primer centro penitenciario español en utilizar sistemas antidrones para impedir que cualquier persona introduzca objetos en las cárceles. Concretamente, como anunció la Agrupación de los Cuerpos de las Administrativas de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) el pasado 25 de junio, esta tecnología se ha instalado en Málaga I, uno de los establecimientos “donde más presencia de drones se ha detectado debido al perfil de algunos internos vinculados a la delincuencia organizada”.

Al parecer, en los últimos años, los internos han usado este sistema para introducir teléfonos móviles, drogas y otros objetos prohibidos, gracias a su gran capacidad de discreción. Ante este dilema, Lidia, una funcionaria penitenciaria que pertenece al sindicato mayoritario del sector, ACAIP, y trabaja en el centro de Morón de la Frontera (Sevilla), ha relatado en ‘Ahora me entero’, el pódcast de Juanje Diánez, cómo es este método y las consecuencias de autoridad y de salud que se observan en las prisiones españolas.

“Los presos han llegado a morderse y arrancarse trozos de carne”

El avance tecnológico ha llegado también a las prisiones españolas. Tal y como señala Lidia, la introducción de drogas a través de estos dispositivos es posible por la falta de infraestructuras específicas. “La prisión tiene un techo que no está vallado en el patio y por ahí pueden pasar drones”, explica la funcionaria, quien advierte que los internos aprovechan la rutina diaria de los funcionarios para coordinar los envíos. Así, añade: “El último dron que se cogió entró a las siete de la tarde. Ellos son muy listos. Todos los días tenemos el mismo horario y saben que a esa hora tú estás con la comida, que no vas a estar en el patio”. Gracias a estos huecos, los internos han logrado introducir “pastillas, drogas, móviles”.

Pero lo que más preocupa a los trabajadores es que en algún momento este sistema sirva para introducir armas. “¿Y si un día le lleva una pistola?“, se pregunta. Al final, los funcionarios no cuentan con ningún tipo de arma dentro del centro y, bajo estas condiciones, ya se han detectado desgracias, como la trágica muerte de Nuria López, una cocinera de 48 años de la prisión de Mas d’Enric (Cataluña) que falleció en 2024 tras nueve años de trabajo.

Aunque poco a poco desde el sindicato mayoritario van dando pequeños pasos, como la instalación de sistemas antidrones en Alhaurín de la Torre, lo cierto es que deben estar atentos a diario para evitar que los presos introduzcan, en su gran mayoría, drogas. La nueva modalidad es el “papel impregnado”, una sustancia que también se puede introducir en cartas remitidas por familiares o terceros, y cuya detección resulta casi imposible. “Es la droga más potente que he conocido. Le llaman la droga caníbal porque los presos han llegado a morderse y arrancarse trozos de carne”, afirma la trabajadora.

Además, se han detectado casos en los que “han llegado a morder a funcionarios y a morder a otros internos”. Según la funcionaria, el consumo de esta sustancia ha provocado incluso muertes, aunque en los informes forenses solo figura la causa como “parada cardíaca”, ya que es el efecto que produce y no cuentan con los recursos para detectarla. “No nos han dado nada que nos ayude a detectar esa droga. Hemos pedido, por ejemplo, que nos dejen fotocopiar las cartas y dárselas a los internos para destruir el original. No quieren. No sé por qué, pero no quieren”, explica. Esta carencia de medios técnicos y humanos deja a los funcionarios con pocas herramientas para frenar el flujo de sustancias.

“En una prisión tenemos gente con tuberculosis, sarna, sida y hepatitis”

El consumo de drogas no es el único factor que incide en la vida de los internos. Porque cuando los presos tienen síndrome de abstinencia o sufren las consecuencias de la droga, muchas veces necesitan atención sanitaria. “Eso es otro melón”, avanza Lidia. Al parecer, la falta de personal médico es otra de las grandes preocupaciones de los trabajadores penitenciarios. La funcionaria sevillana detalla que “falta un 70% de médicos en este sector, eso quiere decir que de 10 médicos que deberíamos tener, tenemos 2,5″.

Ante esta situación, Lidia también resalta que la necesidad de este servicio es vital porque, a diferencia de aquellos habitantes de pequeños pueblos que deben desplazarse para poder ser atendidos por un profesional sanitario, “en una prisión tenemos gente con tuberculosis, sarna, sida, hepatitis, etc.”. A este factor se suma que en estos núcleos de población ”no hay una cantidad tan grande de toxicómanos o de enfermos mentales”, lo que hace indispensable contar con más médicos.

A pesar de las dificultades, la funcionaria aclara que “su medicación la paga el Estado, que por cierto es una inversión gordísima porque un centro penitenciario se puede gastar seiscientos mil euros en medicación al año”. No obstante, el reparto de medicamentos, en muchos casos, se convierte en una moneda de cambio dentro de la prisión: “Si una persona no cobra y no se puede comprar tabaco y es fumadora, a lo mejor cambia su Tranquimazín por un paquete de tabaco”. Pero, como afirma la funcionaria, la vigilancia del reparto es constante para evitar el trapicheo y asegurar que cada interno reciba solo su dosis.

Aun así, la falta de medios, ha dejado algunos escenarios graves de los que Lidia ha sido testigo: “Yo he visto un interno que se ha puesto a cortarse y le han tenido que coger ciento cinco puntos” después de cortarse los brazos y las piernas. También hay presos que se tragan pilas o cuchillas porque “a veces es su manera de reivindicar”.

¿Existe la reinserción de presos en España?

La masificación de las cárceles es otro elemento de presión en las cárceles. La ley establece que los presos deben vivir solos, salvo excepciones, pero la realidad es diferente: “Como hay tanta población reclusa y tan pocos medios, hay módulos que no están abiertos”, agrega Lidia. De hecho, “hay módulos que tienen 130 internos cuando lo normal sería no tener más de 80”. Esta situación genera conflictos y dificulta la reinserción, ya que “hay internos conflictivos que, para que las estadísticas estén bonitas, los tienen allí y te están extorsionando, te están robando, te están amenazando”.

Pero, ¿cómo afecta todo esto a la reinserción de los presos? “Hay internos que quieren reinsertarse, pero estás en un módulo con cien personas. Hay gente que consume droga en el módulo. Al final, cuando tú estás mal, caes en esas tentaciones”, explica Lidia. De esta forma, “como no hay una buena clasificación, porque nos estamos centrando más en la estadística que en el módulo bueno, donde esté solamente la gente que lo lleva bien, pues estás corrompiendo al que lo quiere llevar bien”, determina.

Un factor al que hay que sumar la atención del equipo técnico, que debería encargarse de que “cuando entre un interno, lo analice, vea qué ha pasado, qué circunstancias tiene, qué carencias tiene, detecte todo eso, lo solvente y esa persona salga bien a la calle”. Sin embargo, si una psicóloga tiene que llevar a las 150 personas de un solo módulo, “no le da tiempo”, concluye.