Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

La votación sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que se celebra este miércoles en el Congreso se perfila como uno de los debates más relevantes y tensos de la primera sesión de control al Ejecutivo en el nuevo curso político. El Gobierno ha decidido mantener la iniciativa a pesar de la certeza de que la norma no cuenta con los apoyos necesarios para superar la llamada votación de totalidad. Junts per Catalunya ha confirmado que votará en contra, sumándose a PP y Vox, lo que deja al Ejecutivo en minoría y evidencia la complejidad de sacar adelante una de las promesas estrella de Yolanda Díaz durante las elecciones de 2023.

La decisión del Gobierno de seguir adelante, pese a la previsible derrota, contrasta con la estrategia adoptada en otras ocasiones, cuando los proyectos legislativos eran retirados ante la falta de apoyos. Esta vez, el Ejecutivo ha optado por convertir la votación en un acto de presión política y de visibilización del apoyo social a la medida, incluso frente al rechazo de parte de su propia base territorial.

La estrategia del Gobierno: retratar a los grupos del “no”

Tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han insistido en que la votación de hoy servirá para que cada partido se retrate ante la opinión pública. “Probablemente haya una derrota parlamentaria, hay derrotas que se ganan en la calle”, aseguró Díaz a su llegada al Congreso. La ministra de Trabajo criticó a Alberto Núñez Feijóo por oponerse a la norma y advirtió que su rechazo será “una sonora bofetada a los trabajadores y trabajadoras de España”.

Alegría, por su parte, subrayó que la norma forma parte de un proceso más amplio de reformas sociales. “Llega el momento de que cada partido se retrate. Estamos hablando de mejorar las condiciones de 12 millones de trabajadores”, dijo la portavoz, insistiendo en que, si la iniciativa no se aprueba hoy, no será un punto final sino un punto y seguido. Alegría destacó además los avances de la reforma laboral anterior, que convirtió en indefinidos uno de cada dos contratos, como muestra del compromiso del Ejecutivo con la mejora de las condiciones laborales.

Los aliados de Sumar en el grupo plurinacional también han adoptado un discurso similar. Gerardo Pisarello, de Catalunya en Comú, señaló que “nunca hay victorias definitivas, pero tampoco derrotas definitivas”, mientras que Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, advirtió que los grupos que bloqueen la norma tendrán “complicado” explicarlo a sus votantes. Esta estrategia busca desactivar la presión sobre el Gobierno y volcarla sobre los partidos del “no”.

Junts alerta del riesgo para las pymes catalanas

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, explicó con detalle los motivos del voto negativo de su partido en declaraciones realizadas este martes. Según Nogueras, la aplicación obligatoria de la reducción de jornada supondría un esfuerzo imposible de asumir para muchas pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 90% del tejido productivo catalán.

“Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari, al peluquero que no es el dueño de L’Oreal y al carnicero que no es el dueño de Mercadona”, subrayó la diputada. Según Junts, la norma podría llevar a que muchos negocios pasen de trabajar “40 horas semanales a cero horas” y pondría en riesgo el empleo en el sector privado.

Nogueras criticó que el Gobierno haya llevado al Congreso un proyecto de ley pactado únicamente con los sindicatos, sin contar con la patronal ni con las pymes. Durante la negociación con el Ministerio de Trabajo, Junts propuso que la reducción de jornada no fuera obligatoria para las empresas cuya viabilidad pudiera quedar comprometida.

La diputada insistió además en que antes de implementar la medida deberían abordarse otros aspectos clave, como reducir el absentismo laboral, aumentar la productividad, simplificar la burocracia y establecer cotizaciones más justas para autónomos. En este sentido, destacó que limitar las horas extra a quienes quieran trabajar más y ganar más sería contraproducente.

Nogueras también criticó las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO, que buscan presionar para la aprobación de la norma. Según la portavoz de Junts, estas acciones pretenden “silenciar la voz del tejido productivo y de la clase media y trabajadora catalana” y sugirió que los sindicatos deberían centrarse en protestar cuando no se cumplen los compromisos presupuestarios o de inversión en Cataluña.

La oposición endurece el pulso

El Partido Popular, por su parte, ha mantenido una posición firme en contra de la reducción de jornada, argumentando que la medida carece de consenso con la patronal y que el Gobierno carece de respaldo parlamentario. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, afirmó que “un Gobierno abre el curso político con una ley que no puede ser aprobada porque no tiene respaldo parlamentario” y sugirió que, en democracia, un Ejecutivo en esta situación debería “convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza”.

Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, insistió en que cualquier reforma de este tipo debe surgir de un diálogo social amplio que incluya a sindicatos, patronal y trabajadores, insistiendo en que la medida del Ejecutivo “no está consensuada y no respeta la realidad del tejido productivo”.

Un pulso entre la presión social y la defensa del tejido productivo

Hoy, en el Congreso, se vivirá un choque político y social entre la presión de los colectivos que apoyan la medida y la defensa de Junts de las pequeñas y medianas empresas. Mientras el Gobierno y sus aliados subrayan la importancia de garantizar los derechos de millones de trabajadores, Junts insiste en proteger la viabilidad económica de las pymes y la clase media catalana, destacando que la reducción de jornada obligatoria podría tener efectos negativos en el empleo y en la generación de riqueza.

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