El interminable calvario de Martha con la vivienda: de ser estafada por un falso propietario a recibir “matones” de una empresa ‘desokupa’

Martha, una vecina de 55 años que vive desde hace más de una década en un piso ubicado en el distrito madrileño de Usera junto a su hijo, se siente desprotegida por las administraciones. Sobre todo desde que el pasado 14 de febrero dos hombres se presentaron en la puerta de su casa “con intención de derribarla”, si bien las dificultades han sido una constante desde que entró al inmueble y fue “estafada por un falso propietario”.

Cuando en 2013 Martha firmó un contrato de alquiler no podía imaginar que apenas unos meses después recibiría una orden de desahucio y es que el piso no pertenecía a quien se había hecho pasar por propietario, sino que era del Banco Santander. Por suerte, cuenta a Infobae España, al demostrar que estaba pagando una renta mensual y que la titularidad de los suministros estaba a su nombre, logró paralizar el desalojo.

Tiempo después, tras perder varios trabajos como limpiadora, Martha solicitó al Banco Santander un alquiler social, pero nunca recibió respuesta, “ni siquiera cuando un juzgado reclamó a la entidad que se pronunciara al respecto”. Al no recibir respuesta, añade, “ha podido permanecer en el piso” durante estos años, pero los problemas nunca desaparecieron.

Años más tarde esta misma entidad vendió el piso al fondo de inversión estadounidense Cerberus, uno los grandes tenedores del mercado inmobiliario, y este a su vez “se lo vendió en diciembre de 2024 a una mujer rusa”, según consta en el Registro de la Propiedad. “Había un comprador interesado en el piso dispuesto a ofrecerme un alquiler social, pero ni siquiera le avisaron y el fondo buitre decidió vendérselo a esta otra mujer”, explica.

La nueva propietaria, relata Martha, fue quien contrató a la empresa de desocupación DIO Express para tratar de desalojarla hace unos días a pesar de que la dueña ha aceptado la subrogación del contrato de alquiler.

“El 14 de febrero vinieron a mi casa dos matones que trataron de derribar la puerta mientras me gritaban que abandonara el piso. Montaron un escándalo monumental en el rellano para que los vecinos se enterasen, me llamaron de todo menos bonita”, explica Martha, que asegura que se hizo daño en la rodilla tratando de sujetar la puerta. Los hombres, que le dejaron una tarjeta de la empresa, le dijeron que venían a negociar de parte de la propietaria, pero se negaron a darle su contacto cuando se lo pidió.

“Después de insistir un buen rato aporreando la puerta, solo se fueron cuando les dije que iba a llamar a la Policía. La dueña no puede enviar a dos matones, ha comprado el piso aceptando ciertas condiciones y es que yo estoy viviendo aquí, por lo que debe acudir al juzgado e iniciar un procedimiento”, añade esta vecina.

DIO Express presume en su página web de que sus prácticas “tienen como base la legalidad y la mediación de carácter amistosa”, pero los colectivos por el derecho a la vivienda ya han denunciado en varias ocasiones los métodos de intimidación que utiliza contra los inquilinos, al igual que otras como Desokupa, que incluyen visitas constantes, cortes de luz, intentos de allanamiento, silicona en las cerraduras o incluso amenazas y agresiones físicas en la calle.

El Congreso rechaza ilegalizar empresas ‘desokupas’

A pesar de que el pasado mes de enero el Gobierno aprobó un nuevo decreto que, entre otras medidas, prohíbe los desahucios contra personas en situación de vulnerabilidad durante todo 2025, así como los cortes de los suministros básicos como agua, luz y teléfono, casos como el de Martha evidencian que los intentos de desalojo se producen a diario y muchos de ellos acaban ejecutándose. De hecho, aunque los desahucios por impago del alquiler descendieron un 4,1% en el tercer trimestre de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, alcanzaron los 3.984 procedimientos, un 75% del total.

Cabe también recordar que el pasado 18 de febrero la Comisión de Vivienda del Congreso rechazó una propuesta de Podemos de ilegalizar y desarticular a las empresas de ‘desokupación’. La proposición no de ley, que identificaba a este tipo de empresas como “comandos paramilitares y neonazis” y pedía tipificar su actividad como delito de odio, recibió el apoyo de Sumar, ERC y Bildu, pero fue rechazada con los votos de PP y Vox, mientras que el PSOE y Junts se abstuvieron.

La salud mental se resiente

Los problemas de todos estos años con la vivienda han pasado factura a Martha, quien “sufre depresión y toma medicación a diario”. Y ahora, además, se suma el temor de que los empleados de DIO Express vuelvan a presentarse en su domicilio. “Da miedo que esta gente se tome la justicia por mano propia sin conocer cómo es la situación de cada persona ni lo que ocurre detrás de cada caso“, indica la mujer, que lleva solicitando un alquiler social a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) desde 2013 y no ha conseguido nada hasta el momento pese a encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica.

En ese sentido, la socióloga y activista por la vivienda Laura Barrio explicaba en entrevista con este periódico que el shock postraumático que supone enfrentarse a un desahucio “se asemeja al que puede producir una catástrofe natural como un terremoto o un incendio”, al tiempo que advertía del peligro de normalizar este tipo de situaciones y no darle la atención que merece, sobre todo ahora que hay tantas personas afectadas en España por los altos precios del alquiler.

Además, no solo se trata de los problemas que genera el propio desalojo, sino también de “la amenaza de perder la vivienda, la inseguridad que genera la escasa duración de algunos alquileres o tener un contrato de palabra” en lugar de alquiler regulado por ley. “Todo eso ocasiona trastornos mentales, un sufrimiento constante que te impide proyectar tu vida, hacer planes, porque la vivienda, en vez de ser un lugar de cobijo y estabilidad, pasa a ser una fuente de preocupación”, explicaba Barrio.

Por ello, el insomnio, la depresión, los ataques de ansiedad o los trastornos de conducta alimentaria son algunos de los problemas que más afectan a quienes se ven obligados a abandonar su casa.

Pese a todos los obstáculos, Martha asegura que va a seguir luchando por lograr un alquiler social, “no solo por ella, sino por todas las personas que tienen dificultades” con el acceso y el mantenimiento de la vivienda.