La Policía ejecuta el desahucio de Carlota y su familia en Madrid: “Son personas vulnerables que se han quedado en la calle”

Ni los vecinos ni activistas por el derecho a la vivienda han logrado paralizar este miércoles el desahucio de Carlota y su familia en el distrito madrileño de Carabanchel. Tampoco lo ha evitado el hecho de que sean personas vulnerables sin alternativa habitacional ni que hubiera una niña menor de edad en la vivienda, que pertenece a la empresa inmobiliaria Rhino Real Estate, la cual se ha negado en todo momento en negociar un alquiler social, tal y como ha denunciado el Sindicato de la Vivienda de Carabanchel.

La organización también lamenta que las autoridades no hayan tenido en cuenta que Carlota había sido, además, estafada por un falso propietario que la arrendó el piso, al cual “pagó una gran cantidad de fianza y renta”. De hecho, fue al poco tiempo de instalarse en el inmueble, cuando esta mujer recibió una orden de desahucio a nombre del antiguo inquilino, del que después no volvió a saber nada, y a partir de ahí presentó una denuncia. Ante la falta de respuestas, Carlota acudió al Sindicato de Vivienda de Carabanchel para buscar apoyo, pero a pesar de los esfuerzos, no han podido evitar el desalojo.

El despliegue policial ha ido aumentando desde primera hora de la mañana, hasta la llegada de la comisión judicial, con la que el sindicato ha tratado de posponer el desahucio, “pero no se ha podido hacer nada”, señalan a Infobae España. “Han entrado los antidisturbios y han desalojado a Carlota, a quien también le han obligado de malas formas a sacar todas sus cosas. Por suerte, aquí cerca hay un local de una organización del barrio que nos apoya y que nos ha permitido dejar ahí los muebles y otras pertenencias, pero no tiene otra alternativa habitacional”, añade uno de los portavoces del sindicato, que también lamenta que los servicios sociales “no hayan aparecido”. “En este momento Carlota y su familia están en situación de calle”.

El sindicato recuerda que esta familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, pues cuentan con unos recursos limitados y no tienen más familiares en Madrid. Además, el hijo de Carlota es una persona dependiente debido a “las secuelas que le provocó una brutal agresión”. “Se ha desahuciado a una familia que nunca tuvo derecho a ser defendida, cuando estas personas deberían estar protegidas y amparadas por el Real Decreto que acordó la prórroga de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional” hasta finales de diciembre de este año.

Este caso evidencia cómo muchas familias vulnerables son desahuciadas a diario en toda España pese al escudo social y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica.

Precisamente con el objetivo de que se dejen de ejecutar desahucios y que se aplique una bajada de precios del alquiler, el movimiento por la vivienda digna ha convocado a una manifestación estatal el próximo 5 de abril.

Bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’, los sindicatos de inquilinas, plataformas por la hipoteca y asambleas contra los desahucios reclamarán la creación de más vivienda pública y social y el desmantelamiento de las empresas de desokupación, entre otras medidas.

La protesta se celebrará en Madrid y partirá desde Atocha a las 12:00 para finalizar en Plaza de España.