La movilización vecinal ha logrado parar este miércoles el desahucio de Ángel en el barrio madrileño de Vallecas. En este caso, el piso donde vive desde 2020 pertenece a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que pretendía echarle “tras haber cerrado de manera arbitraria su expediente y después de haberse aprobado el alquiler social por el que ha luchado durante estos años”, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que le ha acompañado en este proceso.
Este era, de hecho, el segundo intento de desalojo al que se enfrentaba Ángel, después de que en 2022 la Sareb tratara de desalojarle, al negarse a ofrecerle un alquiler social, aludiendo a que el joven “no se ajustaba a sus criterios de vulnerabilidad, criterios que nadie conoce”, asegura la organización. Ahora, después de que se había aprobado el alquiler social, la Sareb ha justificado este nuevo intento de desalojo por la “supuesta falta de colaboración del inquilino”.
“Este criterio ambiguo ha bastado para cerrar el expediente de Ángel y pretender echarlo a la calle, pero podemos demostrar que lleva intentando negociar desde 2020, y es la Sareb la que ha tardado hasta cuatro años en presentar un borrador del contrato de alquiler”, indica la PAH, que indica, además, que existen otros casos similares de familias que viven en las calles Sierra de Llerena y Callejo, en Puente de Vallecas, concretamente en los pisos vacíos que la PAH ocupó en 2014 y por los que lleva negociando alquileres sociales desde entonces. Así, la organización advierte de que en las próximas semanas, de aquí al 11 de marzo, la Sareb quiere ejecutar otros 8 desahucios solo en Vallecas.
Por todo ello, la PAH no solo pide a la Sareb que paralice los desahucios, sino que también explique los criterios de colaboración que exige para conceder alquileres sociales “para poder asegurar que los inquilinos los cumplen”. “La Sareb es responsable de someternos a este tipo de campañas de miedo en las que la amenaza del desahucio es constante, obligándonos a aceptar condiciones y cláusulas abusivas durante la negociación”, sostiene la organización.
Los desalojos se producen a diario en todo el territorio
Estos casos son tan solo una muestra de que los desahucios se siguen produciendo en España pese al escudo social y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica. Por ello, desde la PAH consideran que “solo la lucha vecinal” logrará paralizarlos.
El pasado viernes la movilización de cientos de vecinos y vecinas del Eixample de Barcelona también logró paralizar el desahucio de la Casa Orsola, cuyos inquilinos han denunciado que el fondo Lioness Inversiones que compró el edificio en 2021 quiere subirles el alquiler de 700 euros mensuales a 2.000. La nueva fecha prevista para el desalojo es el 18 de febrero, pero este lunes el máximo responsable del fondo y propietario de la Casa Orsola, Albert Ollé, dijo que se plantea la posibilidad de vender el edificio “después de recibir todo tipo de insultos y ataques”. De momento, los movimientos sociales y los vecinos seguirán luchando para que la vivienda se convierta en un derecho.
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