
El Gobierno tiene claro que volverá a llevar al Congreso un real decreto-ley como el que decayó la semana pasada por el rechazo de PP, Vox y Junts, el conocido decreto ómnibus, con la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras muchas medidas importantes. Asimismo, frente a lo que pide la derecha, tanto PSOE como Sumar son favorables a aprobar nuevamente el paquete completo, es decir, mantener el escudo social más allá de estas medidas mencionadas.
Si bien, el Ejecutivo de coalición sigue divido en lo relativo a la estrategia a seguir. En este sentido, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, evidenció este lunes aún más sus discrepancias con los socialistas en un desayuno informativo organizado por Europa Press. La también ministra de Trabajo exigió a Pedro Sánchez que lleve “cuanto antes” al Consejo de Ministros, si puede ser “mañana mismo” [por este martes], el decreto ómnibus “tal cual está”, “sin trocear”.
Sin embargo, el PSOE no quiere aprobar las medidas hasta que no tenga todos los votos atados para evitar exponerse a una nueva derrota parlamentaria. “El Gobierno estará donde siempre ha estado, en la protección de los derechos frente a la alianza negacionista encabezada por el Partido Popular y por Vox”, señaló este lunes la concejala del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Ejecutiva socialista, Enma López.
La dirigente socialista echó mano de las palabras de Pedro Sánchez el pasado domingo y recordó la intención del Gobierno de “buscar votos debajo de las piedras”, subrayando que volverá a llevar el decreto ómnibus porque “hace falta subir la pensiones, el SMI, la revalorización del IMV, las bonificaciones a transporte, y vamos a buscar la fórmula que sea mejor”, agregó.
Aunque el Ejecutivo descarga en el PP toda la responsabilidad de que el decreto no saliera adelante la pasada semana en el Congreso, la apuesta de Sánchez es tratar de seducir a Junts, que también votó en contra. Se da el caso de que los independentistas habían confirmado su apoyo a la norma, pero se echaron para atrás después de dar por suspendidas las negociaciones sectoriales con los socialistas.
“El texto del decreto ley que se votó el pasado miércoles en el Congreso estaba hablado con todos los grupos parlamentarios desde diciembre y sumaban una mayoría para que se convalidase. Y después ha habido circunstancias, como esta que usted me apunta de la cuestión de confianza que plantea a través de una proposición no de ley el grupo Junts, que han hecho que cambien de opinión”, afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en Eldiario.es.
Exigencias de Junts: trocear el decreto
El partido de Carles Puigdemont, que también votó en contra de los otros dos decretos-ley que el Gobierno sometió a convalidación en el Congreso la semana pasada (la nueva reforma para compatibilizar pensión y empleo, y la prórroga del impuesto energético) no especificó los puntos en los que no estaba de acuerdo. Si bien, a lo largo de los últimos días, los posconvergentes han puesto sus condiciones encima de la mesa de cara a la negociación para volver a impulsar un nuevo real-decreto-ley.
Por ello, los independentistas avisan de que no apoyarán un nuevo decreto ómnibus, por lo que exigen al Gobierno a llevar por separado el Consejo de Ministros aquellas que suscitan mayor consenso, como la revalorización de las pensiones, la del ingreso mínimo vital, la asignación de los abonos del transporte público y las ayudas a los afectados por la DANA.
En Junts se reafirman en su rechazo hacia otras iniciativas relacionadas con el escudo social, que también estaban incluidas en el real decreto-ley. Es el caso de la suspensión de los desahucios a familias vulnerables y sin alternativa habitacional, vigente desde la pandemia. “Saben la posición que tiene Junts y la mantenemos”, añadió este lunes Josep Rius, vicepresidente y portavoz de esta formación. Y es que, los independentistas consideran que esta medida amparaba y no resolvía la problemática de las “ocupaciones delincuenciales”.
Por otro lado, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, apuntó este domingo otro aspecto. Esta formación es contraria a acabar con la prórroga de la rebaja del IVA de la electricidad, así como de los alimentos básicos, que finalizó en 2024. “El Gobierno español no puede pretender que nos traguemos que él tumbe de manera unilateral decisiones que se han tomado en el Congreso. Y, si quiere, que se busque los votos en otro sitio. Si quiere negociar, nosotros haremos que deje de exprimir a la clase media”, defendió en una entrevista en el Nacional.cat.
En todo caso, la reivindicación de Junts de trocear el decreto ni está en los planes de Moncloa ni solo choca con la exigencia de Sumar, ya que ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, otros partidos indispensables para la aprobación de la norma, han exigido que se vuelva a aprobar el paquete con todas las medidas que contenía el escudo social.
Esto es, además del aumento de las pensiones y las rebajas del transporte público, estas formaciones exigen mantener la prórroga del bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros básicos y desahucios para familias vulnerables, las transferencias a los ayuntamientos, el mantenimiento del aumento del SMI, las becas educativas, los programas de empleo juvenil, los recursos para abordar la salud mental, las ayudas a los agricultores afectados por los efectos climáticos, el apoyo a las pequeñas empresas y microempresas o las ayudas a la industria electro-intensiva y a los autónomos.
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