El Gobierno se fractura tras la caída del decreto de las pensiones y las ayudas al transporte: Sumar exige a Sánchez aprobarlas “cuanto antes”

La batalla por el relato está servida. Un día después de que el PP, Junts y Vox tumbaran en el Congreso el decreto ómnibus del Gobierno con la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras muchas medidas importantes, Pedro Sánchez aprovecha la coyuntura para contraponer su modelo con el de la derecha. Por eso, la parte mayoritaria del Ejecutivo (PSOE) no contempla todavía volver a llevar estas medidas al BOE (después deberían pasar de nuevo por el Congreso) para que se visibilicen los efectos de su caída.

En pocas palabras, Moncloa “esperará para aprobar las medidas”, tal como aseguran fuentes socialistas, pero esta estrategia no la comparten en Sumar, que urgen a Pedro Sánchez a retomarlas “lo antes posible”. El espacio de Yolanda Díaz, de hecho, ya ha movido ficha en el seno del Gobierno. En lo relativo a la “insólita” derogación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024 acaecida este miércoles (la prórroga también estaba incluida en el real decrecto-ley), el Ministerio de Trabajo y Economía Social dictó una instrucción para impedir un salario mínimo menor al de 2024.

Hasta que se fije un nuevo valor para el SMI de 2025, Dirección General de Trabajo determinó que la desaparición “abrupta de la prórroga” no afecta a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario ya contractualizado. Por otro lado, las nuevas contrataciones “no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior” al fijado en el 2024. Por último, fuentes del departamento dirigido por Díaz remacharon que “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigilará que las personas trabajadoras reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial”.

El socio minoritario del PSOE sabe que no es suficiente con esta iniciativa. Fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda consideran “indispensable que se negocie con insistencia, se garantice los votos y tratemos de aprobarlas en cuanto antes”. Aunque no mencionan de manera expresa a los socialistas, en Sumar llaman a anteponer “los intereses de la gente por delante de todo”.

El PSOE prefiere esperar “unas semanas” para aprobar las medidas

Sin embargo, la lectura en las filas del socio mayoritario es bien distinta. Fuentes de la dirección socialista creen que, “cuando la gente vea” que la caída de estas medidas “le afecta”, “puede ser pedagógica la situación”, es decir, que los ciudadanos podrán comprobar de primera mano que el “bloqueo” de la derecha “hace que pierdas derechos” y si esta opción llegara al Gobierno, no aplicaría estas iniciativas de carácter social. “El PP está incómodo en materia de pensiones”, afinan estas voces.

El PSOE utiliza la situación para descargar la responsabilidad en el PP, ya que los populares utilizaron como excusa para rechazar el decreto la devolución al PNV del edificio que alberga en París al Instituto Cervantes. En todo caso, hay un sentimiento de enfado con Junts al considerar que los de Carles Puigdemont se echaron para atrás y votaron en contra de la iniciativa legislativa para “atacar” al Ejecutivo.

“Creo que el Gobierno ha hecho su trabajo; ha presentado un decreto ley que ha trabajado con todos los grupos, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso y lo que le pediría a los grupos que votaron en contra, particularmente al PP, es que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social”, pronunció Pedro Sánchez desde Valencia, donde se reunió con los alcaldes de los municipios más afectados por la DANA.

Pero a pesar de ese “dolor social”, los socialistas prefieren que pasen “unas semanas” para volver a “impulsar” estas normas. Y es que, creen que si el Consejo de Ministros “aprueba ahora” las medidas, cuando el texto tenga que volver a pasar por el Congreso, la negociación “se volverá a convertir en un mercado persa”. En esta línea, fuentes del PSOE llaman a recomponer los lazos con el partido de Puigdemont, que mantiene suspendidas las negociaciones sectoriales con los socialistas, y le piden “responsabilidad”.

Para conseguir ese objetivo, en el Ejecutivo aseguran contar además con la presión de los sindicatos, que este jueves convocaron movilizaciones el domingo 2 de febrero en toda España para pedir un nuevo paquete de medidas que reactiven las incluidas en el decaído decreto ómnibus. “Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos”, lamentaron UGT y CCOO, los dos principales sindicatos del país.

Frente a estas acusaciones, PP y Junts se defendieron, acusando al Ejecutivo de emplear a los pensionistas como “rehenes” y “escudos humanos” y de intentar “engañar” al responsabilizar a estos partidos de la caída del decreto ómnibus. El PP, que en 2022 se opuso a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, presentó este miércoles una propuesta para subir esta prestación. De igual forma, el secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que su partido presentará una propuesta para la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público si el Gobierno no aprueba “en las próximas horas”.

En medio de este cruce de reproches, otras formaciones que sí apoyaron el real decreto-ley condenaron lo sucedido este miércoles en el Congreso, pero pidieron no esperar más tiempo para subsanar la caída de la norma. Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, socios parlamentarios del Gobierno, urgieron a Sánchez a reactivar “a la mayor brevedad” las medidas que decayeron en el Congreso para evitar un “altísimo daño social”, en palabras de la formación morada.

“No se daña al Gobierno, sino a la gente. Y la sociedad no debe pagar por la irresponsabilidad y los cálculos partidistas de las fuerzas de derechas”, resumieron fuentes de EH Bildu. ERC, por su parte, también se pronunció en esta dirección: “A quien seguro que no se puede dejar colgado es a la gente”, comentaron fuentes republicanas a Infobae España para exigir al PSOE “reaccionar y llevar” ya estas medidas de nuevo.