Durante años, los funcionarios del Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) han disfrutado de las tradicionales cestas de Navidad. Sin embargo, este año será diferente. Una sentencia del Tribunal de Cuentas impide al consistorio continuar con esto, al considerar que una administración pública no puede asumir “una liberalidad de empresario” como es la compra de este regalo navideño.
Este tribunal ha dictaminado que los lotes de Navidad, habituales en muchas empresas privadas, no tienen cabida en las administraciones públicas. Según el informe, “no hay una finalidad pública” que justifique el gasto en este tipo de obsequios, calificándolo como “ajeno a los intereses públicos”. La sentencia subraya que una administración no puede asumir lo que denomina “una liberalidad de empresario”, dejando claro que la tradición o la recompensa por un esfuerzo excepcional tampoco son argumentos válidos para financiar estas cestas con dinero público.
El caso de Ventura, más de 11 mil euros para 110 lotes
En un comunicado, el Ayuntamiento de Ascó ha lamentado que la decisión afecte una práctica que no solo era un detalle hacia los trabajadores, sino que también impulsa el comercio local. Cada año, los productos para las cestas se adquirían en negocios del municipio, dinamizando la economía de proximidad. “Se trata de una decisión que no es agradable de tomar porque además de un detalle a los empleados públicos y colectivos colaboradores, es un impulso al comercio de proximidad”, han escrito.
Pero esta resolución no es un caso aislado. Otras administraciones públicas han eliminado este tipo de regalos tras denuncias similares. En 2023, el mismo tribunal privó al ayuntamiento madrileño de Venturada de ofrecer dichos lotes después de que el exalcalde Daniel Álvarez otorgara 110 lotes por un importe de 11.710 euros. El Ministerio Fiscal denunció la compra, al considerar que la operación carecía de “amparo legal”.
La sentencia dictó que la entrega de 110 cestas de Navidad fue considerada una liberalidad, ya que no tenía fundamento legal ni contractual, y tampoco cumplía con los criterios de subvención establecidos por la Ley General de Subvenciones. Además, pese a que la práctica de regalar cestas navideñas era habitual en el Ayuntamiento desde 1995, el Tribunal determinó que la costumbre no puede justificar un gasto contrario a la legalidad. Por todo ello, el exalcade fue condenado a reintegrar el importe total más los intereses correspondientes y las costas del juicio.
Esta sentencia ha servido de base para otros casos. De la misma manera, y según informó la Agència Catalana de Notícies, la Diputació de Lleida también dejará de dar unos 700 lotes que contenían varios productos gastronómicos de proximidad de productores locales de Ponente y el Alt Pirineu i l’Aran. También la Diputació de Tarragona se ha visto obligada a anular la compra de 1.340 lotes de Navidad para sus trabajadores por un valor de cerca de 70.000 euros. La administración había sacado a concurso el servicio el pasado 21 de octubre y se adjudicó a una sola emprendida, como ha informado el Diario de Tarragona,
* Con información de EFE
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