La confusión al hablar de fondos europeos ‘adjudicados’: no hay datos oficiales de lo que reciben los beneficiarios finales

La ejecución de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación suele ser un arma arrojadiza entre el Gobierno y la oposición y habitualmente se enuncian datos que no se ajustan a la realidad a la que se refieren. El secretario de estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha afirmado este lunes que en España “se han adjudicado más de 30.000 millones de euros” y hace unos días la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se pronunciaba haciendo referencia a la misma cifra: “Se han adjudicado un 80% de los fondos recibidos por España”. Sin embargo, ambos se refieren realmente a las convocatorias resueltas, porque no existen datos oficiales de adjudicación.

España ha recibido hasta el momento 37.036 millones de transferencias del Plan de Recuperación repartidos en tres pagos y se sitúa, junto con Italia, a la cabeza de los desembolsos de la Comisión Europea. De estos, las administraciones han resuelto “más de 30.000″ en convocatorias de subvenciones y licitaciones, de los que unos 25.000 corresponden a la Administración General del Estado (AGE) y otros 5.000 a las comunidades autónomas, según los últimos datos del Gobierno. No obstante, millones en convocatorias resueltas no es sinónimo de millones adjudicados.

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Desde que los fondos llegan a España tienen que pasar por tres procesos hasta llegar a los beneficiarios finales: primero se comprometen en transferencias a las CCAA o se gestionan desde la AGE; después se publican y resuelven las convocatorias en cada uno de los ámbitos y finalmente se adjudican las convocatorias y licitaciones anteriormente resueltas. Los dos últimos pasos generan confusión y el Gobierno los equipara en sus discursos públicos, pero guardan diferencias.

Según explicó Paloma Baena, directora de European Affairs y Next Generation EU en Llorente & Cuenca (LLYC) en una rueda de prensa de Fedea: “A nivel de compromiso, España avanza bien, va a comprometer casi todo lo que tenía presupuestado para 2023″. La Intervención General del Estado refleja que España ha comprometido gastos de los fondos europeos por valor de 58.569 millones de euros entre 2021 y septiembre de 2023, un 84,3% de los 69.500 millones del plan inicial (sin la adenda). No obstante, los datos de adjudicación elaborados por la consultora no son tan positivos. “Es muy relevante ver cuánto de lo resuelto se ha adjudicado”, afirmó Baena, para saber si el presupuesto fijado en las convocatorias encuentra beneficiario final o no.

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Según el último informe de LLYC con datos extraídos de las plataformas de subvenciones y licitaciones hasta el 30 de septiembre, de los 25.000 millones resueltos por la AGE, 19.392 han sido adjudicados, es decir, han conseguido llegar a un beneficiario que cumplía los requisitos de la convocatoria. Sin embargo, la quinta parte de los fondos restantes se han quedado como remanentes, algo sobre lo que alertó Baena: “Estamos empezando a ver que se acumulan remanentes de fondos convocados no adjudicados que tendrán que volver a buscar un destino porque son subvenciones y no podemos permitirnos perderlos”.

Esto se debe a falta de demanda o a que los solicitantes no cumplen los requisitos, algo ya detectado por el Gobierno y que ha sido uno de los problemas negociados en la adenda con la Comisión Europea. En la adenda, además de conseguir 93.500 millones de euros adicionales, se pactó retrasar algunos hitos y objetivos y readaptarlos a metas más viables. También se acordó un mecanismo para ganar tiempo de ejecución más allá de 2026, ya que Bruselas contará como ejecutado la transferencia desde el Tesoro Público a las entidades públicas empresariales sin que tenga que llegar a los beneficiarios finales.

Problemas de información y de gestión

Según el Plan Presupuestario de 2024, el Estado ha asignado ya 24.300 millones de euros del plan de recuperación a las comunidades autónomas, lo que supone en torno al 40% del total comprometido. Pese a ser una cantidad tan elevada, los datos de resoluciones y de adjudicaciones no se publican de forma accesible ni agregada, lo que dificulta su análisis. “Esto es algo que nos da una visión muy parcial del avance del plan y que por más que hemos pedido que se publiquen datos no lo hemos conseguido”, criticó la integrante de LLYC. También falta por publicar la lista de las 100 empresas más beneficiadas por los fondos, un requisito de la Comisión Europea que solo quedan sin cumplir España, Francia y Luxemburgo.

Por otra parte, los problemas de las administraciones públicas para gestionar los fondos han sido apuntados desde distintos ámbitos y también desde la Comisión Europea en su segundo informe anual sobre los planes de recuperación publicado el pasado 19 de septiembre. Bruselas advirtió a España en dicho documento de que la revisión del plan (adenda) debería ir acompañada de un “refuerzo de la capacidad administrativa suficiente como para garantizar la absorción efectiva y eficaz de los fondos”.

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En cierto modo, García Andrés también ha reconocido la carencia este lunes en un evento organizado por EY: “A todos los que trabajamos en la administración y hemos trabajado en el plan nos hubiera gustado que hubiera venido con un aumento proporcionado de recursos, pero ese no es el mundo en el que vivimos”. El secretario de Estado defiende que ha habido un aprendizaje de gestión durante estos años que mejorará la ejecución de los próximos. Así lo cree también Baena, considerando que 2023 ha sido un año relevante no tanto para la ejecución del plan “sino para los cambios que van a permitir que se ejecute de forma diferente en los años que quedan”.