Ocho de cada diez empresas no conoce la financiación pública disponible: podría afectar a los fondos europeos

Los instrumentos financieros puestos en marcha por los gobiernos con fondos públicos tienen el objetivo de funcionar como herramientas contracíclicas de apoyo a las empresas en momentos de recesión económica o de restricción del crédito por otros motivos. Sin embargo, la implementación de estos instrumentos en España ha sido bastante discreta, según constata la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el informe presentado este miércoles.

El organismo detalla en su evaluación que el principal problema de la baja ejecución de muchas de las líneas de ayuda es que las empresas desconocen la existencia de los instrumentos, que son mayoritariamente préstamos en condiciones preferenciales y garantías, aunque también hay iniciativas de capital riesgo, facilidades de liquidez o fórmulas de riesgo compartido.

Según una encuesta realizada por la AIReF entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en el marco de las evaluaciones de los Spending Review, el 83% de las empresas encuestadas afirma que no conoce los instrumentos financieros públicos y solo el 3,7% los ha usado. Es llamativo además que la mayoría de las 782 empresas preguntadas no solicita la financiación porque no conoce los instrumentos, no por falta de interés: el 49% de las empresas señala que los habría solicitado si los hubiera conocido. “El grado de información sobre los instrumentos es muy heterogéneo y, en general, muy bajo, destacando positivamente muchos de los gestionados por el ICO”, detalla el informe.

La AIReF ha evaluado solo los instrumentos financieros públicos existentes entre 2010 y 2019, por lo que los creados con el Plan de Recuperación quedan fuera al contar todavía con un periodo de ejecución reducido. No obstante, la institución señala deficiencias estructurales en cuanto a la difusión y coordinación entre administraciones para gestionar la financiación pública y algunas de las líneas de 2019 son las mismas que se han reeditado con más presupuesto en el Plan de Recuperación, por lo que la opinión sobre ellas sí está ya registrada en la encuesta realizada hace unos meses.

Las líneas de financiación pública que ya existían y se han ampliado son, por citar algunas, los préstamos ICO Axis (Fond-ICO Global, FondICO Pyme o Fond-ICO Infraestructuras) y la línea de avales para pymes de CERSA. En cuanto a las líneas nuevas, cabe destacar las de ICO-Verde, con 22.000 millones de euros, las líneas de préstamo participativas de ENISA para la digitalización del sector agrícola y para emprendedores digitales y otras iniciativas de CDTI y SGIPYME.

Si la falta de conocimiento por parte de las empresas se mantiene, podría suponer un problema en el ritmo de ejecución de los fondos asociados a estos instrumentos, aunque España ya ha negociado este problema con la Comisión Europea. En concreto, ha pactado una fórmula para que los fondos gestionados por empresas públicas, como las citadas anteriormente, puedan ejecutarse más allá de 2026, año en el que según el reglamento deben finalizar todas las inversiones del plan.

Mejorar la coordinación entre administraciones

Según la AIReF, los problemas que provocan una falta de visibilidad de los instrumentos son varios. Por una parte, España cuenta con un modelo de “ventanilla múltiple” distribuido en cada una de las agencias que dificulta la visibilidad del conjunto de instrumentos, por lo que la institución sugiere crear un portal financiero unificado. A esto se suman problemas de coordinación vertical entre la administración central y las regionales, algo que según el director de evaluación de la AIReF, José María Casado, debería ser reforzado de cara a poner en marcha el fondo de resiliencia autonómico de 20.000 millones de euros financiado por el Banco Europeo de Inversiones.

Además, los requisitos previos y la documentación exigida hacen complejo el sistema de solicitud. Esto provoca que muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, tengan que recurrir a entidades de apoyo (asesorías, gestorías y consultoras) para presentar la documentación necesaria, lo cual implica un sobrecoste.

Las ocho entidades financieras encuestadas por la AIReF para este estudio también afirman que las empresas no suelen conocer las líneas de financiación públicas, aunque aseguran que en el caso de que un cliente no pueda ser financiado por el propio banco, “la figura gestora de la entidad financiera normalmente proporciona asesoramiento sobre las diferentes líneas de financiación pública”.