
En el PP es recurrente el argumento de que en los últimos años el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha legislado más de 40 subidas de impuestos. El último en defenderlo ha sido Alberto Núñez Feijóo durante su discurso de investidura de este martes, aunque el PP ya exhibió esta afirmación en una interpelación urgente registrada en el Congreso de los Diputados en abril de 2023. “En la última legislatura los españoles, sobre todo los de menos renta, han tenido que soportar 42 subidas fiscales”, ha asegurado Feijóo desde la tribuna.
El resumen normativo que elabora la Agencia Tributaria (AEAT) con las principales modificaciones normativas que afectan a la recaudación registra 126 modificaciones entre 2020, año en el que comenzó la última legislatura de Sánchez, y el 11 de septiembre de 2023, fecha de actualización del documento. De este número total, tan solo 26 implican aumentos de impuestos. Además, los incrementos no han podido compensar el coste de las medidas para paliar los efectos derivados de la pandemia, la crisis inflacionista y la energética, entre las que se encuentran las rebajas impositivas de los alimentos y de la energía.
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Según la AEAT, el impacto recaudatorio de los principales cambios normativos y de gestión de los últimos cuatro años han restado 10.289 millones a la recaudación del Estado. La distribución es -5.528 millones hasta julio de 2023; -7.200 en 2022 y -501 en 2021 que se compensan, en parte, por la ganancia de 2.940 millones de 2020. Este último dato se explica porque el pago de las solicitudes de devolución que se presentaron en 2019 y se hicieron en 2020 compensaron las bajadas de impuestos y aplazamientos de pagos adoptados en respuesta a la Covid-19.
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Este impacto de las medidas legisladas contrasta con el crecimiento de la recaudación general, dato que también ha enunciado Feijóo y que sí es correcto: 42.655 millones más en 2022 que en 2019. El avance se explica, sobre todo, por el crecimiento del empleo, de los beneficios empresariales y la subida de los precios, no por las modificaciones impositivas. La inflación hace crecer la recaudación por el consumo (IVA) y también afecta a los ingresos por IRPF, ya que las subidas salariales pueden provocar el paso a un tramo impositivo más elevado incluso aunque el salario real no haya ganado poder adquisitivo.
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Aunque hasta el momento las bajadas de impuestos han supuesto mayores cuantías que los incrementos, la Comisión Europea ha pedido retirar las ayudas generalizadas de cara a 2024 “para reducir el déficit público”. España no debería sobrepasar el 3% el próximo año y eso solo es posible, según la AIReF, si se retira la mayor parte del conocido como “escudo social”.
Los nuevos impuestos se concentran en empresas y grandes fortunas
Si se repasan las medidas tributarias de aumentos impositivos, las que destacan por su mayor impacto recaudatorio en 2023 son el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto especial al plástico no reutilizable y la limitación de la compensación de pérdidas en multinacionales. Las tres medidas han recaudado en los siete primeros meses del año 1.200 millones de euros. Cabe destacar que los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas por sus “beneficios extraordinarios” no se contabilizan como ingresos tributarios, sino como prestaciones patrimoniales, por lo que no aparecen en el documento de la AEAT.
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Otras medidas con impacto son el aumento del IRPF para las rentas superiores a 200.000 euros; la obligación de tributar al menos al 15% de la base imponible para las empresas con cifras de negocios superiores a 20 millones; la limitación de las bonificaciones por aportaciones a planes de pensiones; el aumento de los tipos de interés legales y los nuevos impuestos a bebidas azucaradas, las transacciones financieras y determinados servicios digitales.
Las cotizaciones sociales no son impuestos
Aunque Feijóo no ha desarrollado en su intervención cuáles son las subidas fiscales a las que se refiere, el PP especificó en la interpelación de abril que entre ellas están las modificaciones de las cotizaciones de los autónomos y de las cotizaciones sociales de los asalariados. Se refiere al nuevo sistema de cuotas de autónomos, que busca aumentar las cotizaciones de los que tienen más ingresos, y al incremento de cotizaciones de la reforma de las pensiones que afecta, fundamentalmente, a quienes cobran las pensiones más altas y a la parte empleadora, según constata el Banco de España.
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Los importes que empleadores y trabajadores pagan a la Seguridad Social no son un impuesto propiamente dicho, sino un dinero que tiene la finalidad de asegurar el pago de contingencias futuras, como son la pensión, una baja laboral o el desempleo. No obstante, el PP defiende en el citado documento que las cotizaciones sociales “no dejan de ser un impuesto sobre el trabajo” y acusan al Gobierno de tener “un ensañamiento particular en la tributación del empleo”.
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