El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este martes durante el debate de investidura su intención de “extender temporalmente” y ampliar algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Sánchez para paliar los efectos de la inflación y de la crisis energética en empresas y familias. Un planteamiento complicado de implementar en los próximos meses, sobre todo a partir de 2024, si se quiere cumplir con lo que pide la Comisión Europea y rebajar el déficit al 3%.
En concreto, Feijóo ha propuesto alargar temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos y expandirla, además, a la carne, el pescado y las conservas. También ha planteado “mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación” hasta que no se controlen los precios “con intensidad”. En este paquete ha mencionado el tipo reducido del IVA de la electricidad y del gas; la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público. Aunque en este último aspecto sí pretende estudiar con la Agencia Tributaria un método para que su aplicación se haga con límite de renta.
Esto choca con las recomendaciones específicas de primavera de la Comisión Europea en las que instó a todos los estados miembros a retirar las medidas extraordinarias tomadas por la inflación y la guerra en Ucrania y, en caso de tener que dejar alguna, que fueran solo las focalizadas en los colectivos más vulnerables. Además, la bajada del IVA es más aprovechada por las rentas altas, que son las que más consumen, lo que la convierte en una medida no focalizada que resta una parte notable de recaudación al Estado.
La simple desaparición de las medidas como la rebaja del IVA de los alimentos, la electricidad y el gas, entre otras, mejorarán el saldo presupuestario de cara a 2024, ya que suponen un gasto primario neto del 0,6% del PIB en 2023, según Bruselas. Este ahorro “debería utilizarse para reducir el déficit público”, apunta la comisión. La bajada del déficit es, precisamente, el segundo escollo que complica la ampliación de todo el paquete no solo temporalmente, sino también a algunos productos que actualmente no están rebajados.
La vuelta de las reglas fiscales obliga a que el déficit deba situarse en el 3% en 2024, como prevé el Programa de Estabilidad del Gobierno, aunque la Comisión Europea estima un 3,3%. De no ser así, España podría enfrentarse a una sanción por déficit excesivo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sí ve factible que el déficit se sitúe en el 3% el próximo año siempre que se retire el paquete de medidas.
Este es el marco con el que se encontrará el próximo Gobierno, esté liderado por Feijóo o nuevamente por Sánchez. Por el momento, la vicepresidenta primera en funciones y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró este lunes que el Ejecutivo no ha decidido todavía si prorrogar o no algunas de las medidas, aunque no descarta esto último. En concreto, detalló que las medidas “se actualizan con carácter semestral y hay algunas que tienen una duración anual”, y que de aquí a finales de año “se tomarán las medidas que se consideren más adecuadas, pensando siempre en una política fiscal responsable y en el mejor uso de los recursos públicos”.
Propuestas en materia fiscal
En el plano fiscal, Feijóo ha lanzado también algunas de las propuestas de su programa electoral: reducir el IRPF a las rentas de hasta 40.000 euros anuales para compensar la carga adicional de la inflación y aprobar una tarifa cero para que “los pequeños emprendedores que empiezan no paguen impuestos” durante los primeros dos años de actividad. La primera ampliaría la rebaja actual del Gobierno, que solo alcanza a las rentas de hasta 21.000 euros, y la segunda se plantea en la misma línea de lo que han legislado ya las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Por otra parte, ha propuesto una reforma fiscal para bajar impuestos que debería partir de los trabajos del comité de expertos y tomar “como ejemplo las comunidades donde se han aplicado rebajas selectivas con buenos resultados”. En ese sentido, defiende una fiscalidad para los grandes patrimonios que “nos acerque al resto de Europa y no atente contra las competencias económicas”, aunque no ha detallado su propuesta.
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