Hombres y trabajadores de servicios financieros: los perfiles que más aumentarán los ingresos al sistema público de pensiones

Según el Banco de España, 1,3 millones de personas tienen la base de cotización situada en el máximo legal, por lo que la reforma de las pensiones elevará más el tipo efectivo a pagar en cotizaciones sociales en sus salarios

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados. (EFE/ Zipi)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados. (EFE/ Zipi)

La reforma de las pensiones finalizada en 2023, con una primera parte aprobada en 2021, descansa las nuevas medidas de ingresos del sistema público en el aumento de las cotizaciones sociales de manera bastante progresiva, elevando más la presión a los salarios más altos. Aunque el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se aplica a todos los salarios, el aumento de las bases máximas de cotización y la cotización adicional de “solidaridad” solo afectan a las remuneraciones a partir de la base máxima legal, de 53.946 euros en 2023.

Según un análisis del Banco de España publicado este miércoles a partir de los últimos datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), en España hay 1,3 millones de personas, el 6,8% del total de afiliados a la Seguridad Social, que tienen una base de cotización situada en el máximo legal. Entre estos, los perfiles que más notaran las subidas serán los hombres, los trabajadores de servicios financieros y los de grandes empresas, por tener mayores salarios.

La base máxima de cotización es más común entre los trabajadores varones, un 8,2% del total, que entre las mujeres, solo un 5,1%, y también hay mayor proporción entre las personas trabajadoras con edades medianas en comparación con los jóvenes. El porcentaje de afiliados cotizantes por la base máxima superaría el 8% en el grupo de trabajadores de entre 44 y 63 años, mientras que se situaría por debajo del 3% entre los trabajadores menores de 30 años, según señala en su informe el supervisor bancario español.

También son más numerosos los cotizantes por la base máxima en las empresas grandes, sumando el 13,8% en las entidades con al menos 500 empleados, y en los sectores que requieren más cualificación. Destaca especialmente que el 54,4% de quienes trabajan en servicios financieros cotizan por la base máxima, aunque también predominan notablemente en la consultoría de gestión empresarial (20,2%), en servicios informáticos (19,3%) y en sanidad (17%).

Salarios de 80.000 euros, los que más aportarán

El Banco de España calcula el aumento de los tipos efectivos para los distintos rangos salariales tras la reforma, es decir, el porcentaje del salario del trabajador que se dedica al pago de cotizaciones sociales. Cabe recordar que las cotizaciones las pagan en mayor medida las empresas y que tanto el MEI como la cuota de solidaridad mantienen el reparto, un 83% la empresa y un 17% el trabajador.

Según el análisis, los salarios de 60.000 euros tendrán en 2025 una subida de 1,6 puntos porcentuales (pp), mientras que los que se sitúen por debajo solo subirán en 0,8 pp. Aunque una cifra duplica a la otra, la mayor diferencia se ve a largo plazo: en 2050, quienes cobren 80.000 euros tendrán un tipo efectivo superior en 11,3 pp, mientras que los que ganen hasta 50.000 euros solo dedicarán 1,2 pp más de su salario a pagar cotizaciones sociales (correspondientes al MEI).

Aumento del tipo efectivo de las cotizaciones sociales en 2025 y 2050 por tramos salariales. (Banco de España).
Aumento del tipo efectivo de las cotizaciones sociales en 2025 y 2050 por tramos salariales. (Banco de España).

No obstante, el aumento del tipo es algo inferior conforme el salario supera en mayor medida a la base máxima de cotización como consecuencia de que esa parte de la remuneración solo cotiza por la cuota de solidaridad. Esto evidencia que la reforma no es totalmente progresiva, ya que produce la paradoja de que un salario hipotético de 200.000 euros tendría un aumento del tipo efectivo de algo mas de 8 pp en 2050, menos que quienes cobren 70.000 u 80.000 euros.

Este análisis se hace sin tener en cuenta la posible activación de la cláusula de ajuste, que podría conllevar un aumento de las cotizaciones en todos los rangos salariales derivado de un incremento en el MEI a partir del año 2026 y tampoco se cuantifica el efecto que puede tener en la competitividad, los salarios o el empleo el aumento e las cotizaciones sociales.

Por otra parte, el Banco de España se reafirma en sus cálculos del informe anual publicado en mayo y considera que los ingresos previstos en la reforma de pensiones no compensarán los mayores gastos derivados, entre otras medidas, de ligar las pensiones con el IPC. Calcula que el incremento de cotizaciones sociales incrementará los recursos de la Seguridad Social en un 0,9% del PIB en 2050, coincidiendo con las previsiones de AIReF y Fedea, mientras el Ministerio de Seguridad Social prevé un incremento algo mayor, del 1,1% del PIB.

¿Se puede derogar la reforma de pensiones?

La reforma de pensiones, como la laboral y la de vivienda, entre otras, han sido pactadas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación para recibir los fondos Next Generation, lo cual complica las modificaciones que un futuro gobierno quisiera hacer de las mismas. Además, el artículo 24 del reglamento del Mecanismo de Recuperación contempla que “el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos presupondrá que el Estado miembro interesado no haya revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”.

La reforma laboral ya ha tenido el visto bueno completo de Bruselas, que consideró cumplido este hito y los demás evaluados para el segundo pago, de 12.00 millones de euros en transferencias. Sin embargo, la reforma de pensiones y la nueva ley de vivienda, pese a tener el visto bueno de Bruselas en la negociación interna, no se han considerado aún oficialmente cumplidas como hitos por su reciente aprobación.

España no ha solicitado por el momento el cuarto pago de los fondos, en el que se evaluarían estas medidas, y queda poco tiempo para hacerlo antes de las elecciones del 23 de julio. Esto podría dar mayor facilidad a un nuevo gobierno para modificar las medidas menos consolidadas, aunque cualquier modificación tendrá que ser totalmente acordada con el Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE).

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