El ‘caso Vinicius’ ha movido ficha en el tablero político. Esta semana el ministerio del Interior anunciaba que ha elaborado una nueva instrucción (la 8/2023) para reforzar el papel de las fuerzas de seguridad del Estado en los eventos deportivos. El objetivo es que el mando policial que realiza las labores de coordinación de seguridad en un estadio de fútbol o un pabellón de baloncesto pueda a partir de ahora proponer que se paralice o suspenda el partido si se producen incidentes racistas.
“Demasiada responsabilidad para un solo policía nacional. El ministro Marlaska ha puesto en primera línea de este debate a las fuerzas de seguridad del Estado”, explica Mónica Gracia, secretaria general de sindicato SUP. “¿Quién va a refrendar la decisión de este mando policial si, por ejemplo, decide parar una etapa de una vuelta ciclista por algún incidente xenófobo?, por no centrarlo solo en el fútbol”, se pregunta.
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Generalmente, estos mandos policiales que coordinan la seguridad de un evento deportivo pertenecen a la escala ejecutiva dedicados a labores de seguridad ciudadana. “Necesitarán formación específica sobre esta nueva atribución y una remuneración especial por estas nuevas funciones”, aclaran desde el SUP, que aseguran que actualmente este coordinador cobra un complemento de 80 euros por, por ejemplo, controlar un domingo un partido de fútbol de primera división.
La instrucción de Interior, de momento por lo que se sabe algo ambigua, permitirá a este mando policial proponer a los árbitros o jueces deportivos no iniciar, paralizar o suspender un partido de manera temporal o definitiva cuando “tengan lugar sucesos que supongan o inciten a la violencia en el deporte, o sean actos racistas, xenófobos o intolerantes”. También podrán decidir el desalojo del estadio o una parte de él “en supuestos urgentes de alteración de la seguridad pública o grave riesgo para la misma”.
Un agente que trabaja con frecuencia en dispositivos de seguridad de eventos deportivos asegura a Infobae España que “lo que ahora nos pide Interior es que seamos jueces y verdugos. Pero asegura que no se trata de una propuesta objetiva. Será más fácil suspender, por ejemplo, un Elche-Getafe que un Real Madrid-Barcelona por la repercusión mundial que tiene este último”.
Hasta ahora, el protocolo que rige en los campos de fútbol españoles, elaborado en el año 2017 por la FIFA y aplicado por la Real Federación Española de Fútbol, deja en manos del colegiado del encuentro la decisión de suspender un encuentro. Por su parte, la figura del coordinador de Seguridad fue creada en la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte de 2007. Sobre él recae la responsabilidad del dispositivo de seguridad de los espectáculos deportivos.
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Para los sindicatos policiales este debate hay que asociarlo a otro. ¿Deben las fuerzas de seguridad del Estado gestionar la seguridad de un evento deportivo privado que genera sus propios beneficios económicos? Desde Jupol lo tienen claro. ”Creemos que no. En un concierto el promotor contrata la seguridad privada. Otra cosa es la seguridad que hay fuera, en el exterior del recinto, que al ser vía pública debe ser competencia de la Policía. Pero, ¿dentro de un estadio? Los españoles pagan con dinero público la seguridad de un evento privado”.
En el País Vasco, por ejemplo, la Ertzaintza recibe 31 euros por funcionario y hora de trabajo si tiene que proteger eventos deportivos. El sindicato SUP apuesta por el copago de los espectáculos deportivos privados “ante la incoherencia de financiar íntegramente la seguridad de un negocio privado con dinero público. Son actividades privadas con ánimo de lucro. Parte de sus beneficios deberían ir a pagar la seguridad pública que reciben”.
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