El tiempo pasa y el dolor de los familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de Cuelgamuros aumenta a medida que las exhumaciones prometidas por el Gobierno no se llevan a cabo. Hartas de esta situación, nueve familias han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, según ha adelantado este jueves la Cadena Ser, y si no obtienen una resolución satisfactoria, acudirán al Parlamento Europeo.
En concreto, denuncian el incumplimiento de la sentencia que obliga al Estado a exhumar los restos de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados por las tropas franquistas en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos en 1959 sin el permiso de sus familiares. A pesar de que la justicia ordenó en 2016 desenterrar y enterrar sus restos a la familia, la sentencia “aún no se ha cumplido”, indica a Infobae España Eduardo Ranz, abogado experto en memoria histórica y representante de estas familias.
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“Los poderes públicos están obligados a cumplir la sentencia y ya han pasado muchos años y no ha ocurrido”, dice Ranz, que lamenta que “el tiempo se agota”. El abogado aclara que la única persona que puede materializarla es el ministro de la Presidencia. “El destino de las víctimas no está en sus manos porque, si fuera por ellas, las exhumaciones ya se habrían producido hace mucho tiempo”, añade a este medio.
El abogado recuerda que, sin embargo, el Gobierno sí ha llevado a cabo la exhumación de Francisco Franco en 2019 y la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, el pasado mes de abril.
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Futuro incierto
El posible cambio de Gobierno tras las elecciones del 23 de julio preocupa a todos los familiares de las víctimas de Cuelgamuros que quieren recuperar a sus seres queridos para enterrarlos dignamente, pues las políticas de memoria podrían caer en el olvido si la derecha vence. Esta misma semana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en una entrevista en Onda Cero que derogaría la Ley de Memoria Democrática si llega al poder, una norma a la que calificó de “disparate histórico”.
Uno de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que declara ilegal el golpe de Estado de Franco, es precisamente resignificar Cuelgamuros para convertirlo en un lugar de memoria y asumir las exhumaciones como responsabilidad de Estado, entre otros.
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