Blake Lively va por más: exige compensación y honorarios legales tras el acuerdo con Justin Baldoni

El acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni, anunciado el lunes 4 de mayo, no puso fin a todas las batallas legales entre ambos. La actriz presentó el jueves 7 de mayo una nueva moción ante la corte en la que solicita ser declarada “demandada victoriosa” y reclama el pago de honorarios de sus abogados, daños compensatorios y otras reparaciones económicas.

La moción se ampara en una ley californiana de 2023 conocida como la Ley de Protección de Sobrevivientes contra Demandas por Difamación Instrumentalizadas, diseñada para proteger a las víctimas de abuso sexual que enfrentan demandas de difamación como represalia por alzar la voz. Lively, de 38 años, había presentado ese recurso en septiembre pasado, luego de que Baldoni la demandara por difamación, una contrademanda que la propia justicia desestimó en junio de 2025.

“La señorita Lively solicita respetuosamente una resolución que la reconozca como ‘demandada victoriosa’ y, como tal, que tenga derecho a sus honorarios y costos legales razonables por haberse defendido exitosamente en el litigio, a daños triplicados por el daño causado por la acción de difamación retaliativa de las Partes Wayfarer en su contra, y a daños punitivos suficientes para disuadir a las Partes Wayfarer de incurrir en tal conducta en el futuro”, indica el documento judicial al que Us Weekly tuvo acceso.

En otra comunicación oficial a la prensa, los abogados Michael Gottlieb y Esra Hudson describieron el acuerdo como un triunfo contra Baldoni y su productora Wayfarer Studios.

“Este acuerdo es una victoria contundente para Blake Lively. Al aceptar este acuerdo y renunciar a su derecho de apelación, Justin Baldoni y cada uno de los demandados individuales enfrentan ahora responsabilidad personal por abusar del sistema legal para silenciar e intimidar a la señorita Lively”, alegaron.

La abogada Sigrid McCawley, quien también representa a Lively, explicó a Variety que la moción tiene un propósito que trasciende el caso particular: sentar precedente legal para otros sobrevivientes que enfrentan demandas de difamación como instrumento de represalia.

“Esto es realmente un espacio donde ella ha podido hacer un gran bien por los sobrevivientes, y quiere continuar ese trabajo. Esto, para ella, va mucho más allá”, expresó.

La versión de Baldoni

En contraste, el equipo de Justin Baldoni, encabezado por el abogado Bryan Freedman, había celebrado el desenlace del proceso como una victoria propia. Su argumento central es que el verdadero quiebre del caso ocurrió el 2 de abril, cuando el juez desestimó 10 de los 13 cargos presentados por Lively, entre ellos la demanda por acoso sexual y la reclamación original de 300 millones de dólares.

“El 2 de abril todo eso desapareció. Ahí fue cuando ocurrió la victoria. No estoy seguro de qué estamos discutiendo a estas alturas”, dijo Freedman a Variety.

Además, el equipo de Baldoni impugna la aplicabilidad de la ley californiana invocada por Lively, argumentando que los hechos del caso ocurrieron en Nueva York y Nueva Jersey, no en California. La defensa de la actriz replica que su denuncia administrativa original fue presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, lo que, a su juicio, sí activa dicha normativa.

¿Qué sigue?

Ambas partes presentarán escritos adicionales sobre la moción. Si el juez Lewis Liman lo considera pertinente, podría convocar a una audiencia para determinar los montos de daños, instancia en la que podrían declarar expertos e, incluso, la propia Lively.

En paralelo, la actriz impulsa la aprobación del Speak Your Truth Act, un proyecto de ley pendiente en la legislatura del estado de Nueva York que busca replicar la protección de la ley californiana en ese estado.

El comunicado conjunto emitido el lunes por ambas partes al anunciar el acuerdo reconoció que “el proceso presentó desafíos” y que “las preocupaciones planteadas por la señorita Lively merecían ser escuchadas”. Para los abogados de Lively, esa frase equivale a una concesión tácita de los puntos que la ley californiana exige para otorgar la compensación solicitada.