
La falta de una fecha clara sobre la vigencia de sus documentos dejó a cientos de familias salvadoreñas en Estados Unidos ante una situación que ya excede los trámites: el 85% de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) consultados informó efectos en su salud física y mental.
El dato surge de un informe preliminar presentado por la Alianza Nacional TPS, con apoyo de especialistas vinculados al Centro para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). La encuesta, aún en curso, reunió hasta ahora 517 respuestas de salvadoreños que viven en distintos estados del país.
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Los participantes describieron un escenario de incertidumbre desde el 9 de septiembre, ante las dificultades para demostrar ante empleadores, oficinas estatales y otras instituciones que conservan autorización para trabajar y residir en Estados Unidos. La falta de una comunicación oficial con fechas concretas también ha afectado la renovación de licencias de conducir, identificaciones y seguros médicos.

Durante la conferencia, la doctora Cecilia Menjívar, de UCLA, explicó que los problemas de salud mencionados con mayor frecuencia fueron “estrés, ansiedad, insomnio, miedo y depresión”. También aparecieron referencias a ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, dolores de cabeza, crisis de asma y empeoramiento de la presión arterial.
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Menjívar aclaró que el estudio todavía no cuenta con un desglose preciso de cuántas personas padecen cada uno de esos síntomas. “El número es bastante alto de personas que tienen por lo menos una de estas condiciones”, afirmó.

La incertidumbre sobre el TPS también amenaza empleos y licencias
El TPS protege de la deportación y permite trabajar legalmente a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Los salvadoreños residentes en Estados Unidos cuentan con ese amparo desde 2001, aunque su permanencia ha estado marcada por decisiones administrativas y disputas judiciales.
En la encuesta, el 89% de los consultados afirmó que vive incertidumbre sobre su situación migratoria. El 28% dijo que perdió su empleo después del 9 de septiembre y el 56% consideró alta la posibilidad de quedarse sin trabajo durante las próximas semanas o meses.
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Julio Pérez, un beneficiario salvadoreño del TPS que trabajaba como conductor de autobuses en Massachusetts, relató que su empresa no pudo mantenerlo en el puesto porque no tenía un documento oficial que detallara hasta cuándo estaba vigente su autorización laboral.
Pérez también intentó ingresar a una cadena de supermercados, pero el proceso de contratación se detuvo cuando le solicitaron acreditar su estatus migratorio. “Aunque es legal, no podemos trabajar”, resumió al describir las dificultades que enfrentan otros salvadoreños.
Menjívar señaló que varios conductores de autobuses y camiones perdieron licencias comerciales, con ellas, sus fuentes de ingreso. Otros aguardan respuestas de los departamentos de vehículos motorizados o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una espera que, según describió, profundiza la ansiedad.
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Jubilados enfrentan obstáculos para cobrar pagos y usar sus cuentas
La Alianza Nacional TPS también informó dificultades entre beneficiarios jubilados. Algunos enfrentaron problemas para cobrar sus pensiones por no contar con una identificación vigente, mientras que otros recibieron mensajes en los que se les pedía devolver el pago correspondiente a septiembre.
La organización vinculó esos casos con la falta de actualización de los sistemas de verificación migratoria y con la imposibilidad de presentar documentos aceptados por bancos, entidades estatales u oficinas administrativas.
El coordinador de la Alianza Nacional TPS,Julio Palma, afirmó que algunas personas incluso tuvieron inconvenientes para acceder a su propio dinero en cuentas bancarias. En Texas, agregó, numerosos beneficiarios no pudieron renovar sus licencias de conducir, lo que limitó tareas cotidianas como llevar a los hijos a la escuela, a actividades deportivas o a consultas médicas.
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El 68% de los encuestados tiene al menos un hijo nacido en Estados Unidos, según el informe parcial. La Alianza Nacional TPS reclamó una definición pública sobre el programa o una actualización del sistema federal SAVE, que permite verificar el estatus migratorio ante distintas instituciones.
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