Niños a quienes le borraron la inocencia y la infancia. Para siempre. Mujeres que vivieron un infierno que no podrán olvidar. Hombres mutilados que apenas sobrevivieron a la barbarie y al exterminio. Sistemático. Inhumano. Cada uno de los cientos de miles de refugiados -1,2 millones, la mayoría en Bangladesh, de acuerdo a ACNUR- esperaban algo de justicia que finalmente llegó desde un tribunal lejano, en La Haya.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) -el máximo tribunal de las Naciones Unidas- concluyó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, ese colectivo humano que sobrevive desplazado desde hace casi una década.
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Es la primera vez en sus 80 años de historia que la CIJ declara a un Estado responsable de un crimen semejante. La sentencia obliga al país asiático -bajo el gobierno de facto del general Min Aung Hlaing, tras el golpe de Estado de febrero de 2021- a permitir el regreso seguro de los refugiados, a investigar y castigar a los sospechosos y a pagar las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los casos. Histórico.
En América Latina una fiscalía dedicó horas de investigación a esos crímenes que finalmente llegaron a una conclusión este jueves en la CIJ, con sede en La Haya. El fiscal federal argentino Guillermo Marijuan fue el primero en avanzar en la investigación contra quienes consideró “genocidas” de la minoría rohinyá. Y el 28 de junio de 2024 ya había pedido la emisión de circulares roja para la captura internacional de los imputados birmanos. Había llegado a la conclusión que las autoridades de ese país habían cometido un genocidio.
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Si bien son causas diferentes donde se juzga por un lado a un estado y por otro responsabilidades individuales, para el fiscal Marijuan, sin embargo, “son carriles distintos que hoy confluyen”.
“La aplicación del principio de justicia universal que se haya hecho por el Ministerio Público de la República Argentina, en este caso por la labor desempeñada por el personal de mi fiscalía a cargo fue transcendental”, indicó Marijuan en diálogo con Infobae. Y remarcó: “Debe darse una respuesta jurisdiccional a aquellas personas que no logran llegar a los tribunales, no logran hacer oír sus reclamos y poder denunciar conductas tan graves como las que acontecieron en Myanmar para poder sentar a los responsables frente a un tribunal”.
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El fiscal federal argentino ofreció una entrevista en la que destacó los puntos más salientes de su investigación y celebró lo actuado en La Haya.
- ¿Cuál fue la evidencia más contundente que encontraron y qué fue lo más difícil de demostrar para establecer que no se trataba simplemente de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, sino de un plan genocida?
- Ante todo quiero aclarar que la Corte Internacional de Justicia juzgó la responsabilidad del Estado de Myanmar, mientras que nuestra causa, abierta por jurisdicción universal, investiga responsabilidades penales individuales. Son carriles distintos que hoy confluyen. En nuestra investigación, lo más contundente fue la coincidencia entre fuentes independientes. Los sobrevivientes que declararon ante la Fiscalía, en Buenos Aires y por videoconferencia desde Bangladesh, relataron lo mismo que surge de las imágenes satelitales y del material que nos aportó el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar de Naciones Unidas. A eso se sumó un ex militar que desertó y describió desde adentro cómo pensaba y operaba el ejército. Lo más difícil fue acreditar la intención de destruir al grupo, que es lo que separa al genocidio de los crímenes de lesa humanidad, y reconstruir la cadena de mando a miles de kilómetros, sin acceso al territorio ni cooperación del Estado. Lo que nos convenció fue advertir que 2017 no fue un estallido aislado, sino el punto culminante de décadas de políticas dirigidas contra los rohinyá.
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- En los procesos por genocidio, uno de los mayores desafíos es demostrar la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo humano. ¿Cómo se puede probar esa intención cuando quienes diseñan y ejecutan las operaciones no suelen dejar documentos escritos que expliciten sus objetivos? ¿Qué elementos permitieron reconstruir esa voluntad?
- Nadie firma una orden que diga ‘destruyan a este pueblo’. La intención se reconstruye a partir de la conducta, del patrón. En este caso había décadas de medidas que apuntaban en un mismo sentido, como la negación de la ciudadanía, las restricciones para circular, estudiar, atenderse en un hospital o practicar su religión, y los permisos para casarse atados al compromiso de no tener más de dos o tres hijos. A eso se agregan la escala y la simultaneidad de las operaciones de 2017, en las que fueron destruidas total o parcialmente unas 392 aldeas, cerca del 40 por ciento de los asentamientos del norte de Rakhine, la mayoría incendiadas en las primeras tres semanas y con tropas de combate desplegadas meses antes. También pesa el lenguaje, porque el ejército prohibía la palabra rohingya y los trataba de extranjeros invasores. Y están los informes del Mecanismo de Naciones Unidas sobre la campaña de discurso de odio en redes sociales vinculada a estructuras militares. Cuando todos esos elementos se leen juntos, la única explicación razonable es la voluntad de eliminar al grupo como tal.
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- Tengo entendido que trabajó con grupos rohinyás para su investigación que derivó en pedidos de capturas internacionales. Pero detrás de cada documento, imagen satelital, testimonio o registro hay personas que sufrieron persecución, violencia sexual, desplazamiento y asesinatos. ¿Cómo se trabaja con los sobrevivientes para transformar sus testimonios en pruebas judiciales sólidas sin revictimizarlos? ¿Qué historia o testimonio lo marcó especialmente durante la investigación?
- Ese fue el aspecto más delicado de toda la investigación. Las víctimas declararon ante la Fiscalía, algunas de manera presencial en Buenos Aires y otras por videoconferencia desde los campos de refugiados, siempre con intérpretes de su idioma y, en la mayoría de los casos, con reserva de identidad por razones de seguridad. Se aplicaron las disposiciones de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y los protocolos vigentes, y requerimos la intervención del Programa de Asistencia a Víctimas de la Represión y la Tortura del Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos, para que brindara asistencia psicológica y contención emocional a los testigos. Cuando las mujeres víctimas de violencia sexual relataban los abusos sufridos, en la sala solo quedaban mujeres. Y cuando el dolor del relato les impedía continuar, la audiencia se interrumpía y se retomaba recién cuando la persona estaba en condiciones de seguir. Nadie fue obligado a contar más de lo que podía. En lo personal, me marcó el testimonio de un médico de una de las aldeas arrasadas, que junto a su hija atendió después de las operaciones a víctimas de violencia sexual, entre ellas niños. Eso no se olvida.
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- ¿Qué sintió cuando supo que la Corte había reconocido finalmente el genocidio, después de tantos años de trabajo de investigación? ¿Hubo algún momento en el que pensó que la evidencia reunida no sería suficiente para alcanzar este resultado?
- Ya hace más de 30 años que soy fiscal federal y quizás con el paso del tiempo podría pensarse que nada nos conmueve o que todo alguna vez ya lo hemos visto. Sin embargo, que nuestra labor acreditando un genocidio y con el pedido de captura internacional de toda la cúpula gobernante de un país haya sido receptada y reconocida por la Corte Internacional de Justicia, haciendo valer la aplicación del Principio de Justicia Internacional, me llena de orgullo y es para mí un logro profesional muy importante. Pero los sobrevivientes de las masacres que reciben una respuesta justa son, sin duda alguna, los que deben sentir el verdadero logro por sus reclamos.
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- Ahora que existe una sentencia histórica, ¿quiénes deberían estar sentados en el banquillo de los acusados y qué posibilidades reales existen de que respondan penalmente por estos crímenes?
- En nuestra causa hay veinticinco imputados con captura internacional ordenada por la justicia argentina en febrero de 2025. Deberían responder quienes condujeron las operaciones y quienes las permitieron, es decir, el comandante en jefe de los Servicios de Defensa y su adjunto, el jefe del Estado Mayor, el comandante de la Fuerza Aérea, el comandante del Mando Regional Occidental, los jefes de las divisiones y batallones que actuaron en el terreno, el ministro del Interior, el jefe de la policía de frontera y las máximas autoridades civiles de aquel momento. En cuanto a las posibilidades reales, hay que decir con franqueza que Interpol no cargó las notificaciones rojas para sus capturas. Invocó la inmunidad y el carácter político y militar del asunto, y Myanmar se opuso formalmente. Sin esa herramienta, las órdenes solo pueden cumplirse si ingresan a nuestro país. Por eso espero que, con esta sentencia, el pedido efectuado por esta Fiscalía se haga realidad, porque ya no es solo la justicia argentina sino la propia Corte Internacional de Justicia la que afirma que hubo genocidio y ordena investigar y castigar. Seguiremos trabajando con el Mecanismo de Naciones Unidas para que así sea.
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X: @TotiPI
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