Fiscalía desarticula una red de narcomenudeo en el oriente de El Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una estructura presuntamente dedicada a la distribución de cocaína y marihuana en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión, según informó el Ministerio Público en una publicación difundida este 12 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información oficial, la red funcionaba mediante tres células conectadas entre sí. Sus integrantes utilizaban talleres, comedores, servicios de alquiler de vehículos y una agencia de encomiendas como fachada para realizar actividades relacionadas con el almacenamiento, el traslado y la distribución de drogas. Durante los registros, las autoridades incautaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Entre los detenidos figuran Diógenes de Jesús Benítez Escobar, señalado por la FGR como cabecilla y proveedor principal; Anthony de Jesús Benítez Benítez, a quien atribuyen labores de logística, pesaje y entrega; Pedro José Guevara Cuadra y Denia Yaneth Turcios, identificados como abastecedores mayoristas en San Miguel; y Reina Ester Medina, señalada como almacenadora y expendedora en Lislique, La Unión.

La operación se suma a otros procedimientos ejecutados durante 2026 contra redes de distribución local. En julio, la FGR y la PNC realizaron 13 registros en viviendas de Sonsonate y capturaron a cinco personas. En esos allanamientos fueron incautados 18 porciones pequeñas de metanfetamina, dos balanzas, 13 teléfonos celulares y USD 2,036 en efectivo. Las autoridades atribuyeron a los detenidos los delitos de tráfico ilícito, posesión y tenencia, agrupaciones ilícitas, además de actos preparatorios, proposición y conspiración.

En mayo, la PNC informó sobre tres operativos en San Salvador y Santa Ana que dejaron 11 detenidos y decomisos de metanfetamina, marihuana y 2.5 kilogramos de cocaína, con un valor estimado superior a USD 188,000. En agosto, la denominada Operación Barrido terminó con cuatro capturas y la incautación de 30 kilogramos de cocaína, valorados por la Policía en aproximadamente USD 106,050. Las cifras y los cargos corresponden a reportes preliminares de las autoridades y deberán ser examinados durante los procesos judiciales.

El tráfico ilícito de drogas está regulado principalmente por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Su artículo 33 sanciona con entre 10 y 15 años de prisión a quien, sin autorización, adquiera, transporte, almacene, distribuya, suministre, venda o realice otras actividades relacionadas con el tráfico de sustancias prohibidas. La norma también contempla una multa de entre 50 y 500 salarios mínimos mensuales urbanos vigentes.

La legislación especial establece, además, penas para los actos preparatorios, la proposición y la conspiración. El artículo 52 fija de uno a tres años de prisión para los actos preparatorios y de seis meses a dos años para la proposición o conspiración vinculada con delitos de drogas.

El Código Penal, por su parte, regula las agrupaciones ilícitas en el artículo 345. La participación en una estructura de ese tipo puede ser sancionada con entre tres y cinco años de prisión, mientras que los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas pueden enfrentar penas de seis a nueve años. La determinación de responsabilidades dependerá de las pruebas presentadas ante los tribunales correspondientes. Las capturas no constituyen condenas.