La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador presentó en su memoria de labores del período junio de 2025 a mayo de 2026 más de 650,000 servicios especializados orientados a la protección de derechos y al acceso a la justicia para sectores vulnerables.
El documento, al que tuvo acceso Infobae, detalla la distribución de atenciones y usuarios beneficiados en las distintas áreas bajo su responsabilidad.
Según la memoria institucional, la PGR dividió sus servicios en tres grandes líneas: servicios jurídicos especializados, protección a poblaciones específicas y atención psicosocial integral.
Cada uno de estos ejes concentra atenciones para necesidades diferenciadas de acuerdo con la problemática jurídica o social de la población usuaria.
Uno de los bloques corresponde a los servicios jurídicos especializados, donde la Procuraduría Especializada de Familia reportó 151,113 servicios y 33,633 personas beneficiadas.
Este segmento incluye la gestión de cuotas alimenticias, procesos de filiación, matrimonios, divorcios y defensa ante demandas relacionadas con el derecho de familia.
Servicios jurídicos especializados
El informe señala que la entidad impulsó la defensa de personas mayores y personas con discapacidad a través de la Unidad de Familia.
En el ámbito laboral, la Procuraduría Especializada de Derechos Laborales registró 60,809 servicios y 12,487 personas beneficiarias.
Entre los principales conflictos atendidos figuran indemnizaciones por despido, salarios adeudados, prestaciones económicas por renuncia voluntaria, aguinaldos y vacaciones.
La protección del patrimonio también figura entre las prioridades de la PGR. La Procuraduría Especializada de Derechos Patrimoniales brindó 30,396 servicios y benefició a 6,208 personas usuarias, con asesoría sobre propiedad, posesión y tenencia de bienes, así como protección jurídica del patrimonio de los usuarios.
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En el área penal, la Procuraduría Especializada de Defensa Pública Penal reportó 204,296 servicios y 31,527 personas beneficiadas, con representación de personas sin recursos económicos en procesos judiciales y garantía del derecho a la defensa bajo estándares técnicos.
Protección a poblaciones específicas
Dentro de este eje, la Procuraduría Especializada de Niñez y Adolescencia proporcionó 43,307 servicios a 11,864 personas usuarias, con autorizaciones de salidas del país, procesos de filiación, cuidado personal y régimen de comunicación en sede judicial para niñas, niños y adolescentes.
El documento enfatiza el principio del interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos. En paralelo, la Procuraduría Especializada para las Mujeres registró 66.989 servicios y 5.073 beneficiarias, con foco en la defensa ante situaciones de violencia o discriminación, la promoción de la autonomía y el empoderamiento social y económico de las mujeres.
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Las acciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad se canalizaron a través de la Procuraduría Especializada de Atención a Población en Situación de Vulnerabilidad, con 3,072 servicios y 759 personas beneficiadas. El trabajo en este campo se orientó al acompañamiento de personas mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones que enfrentan mayores barreras para el ejercicio de sus derechos.
Atención psicosocial
En la esfera psicosocial, la Procuraduría Especializada de Mediación y Conciliación gestionó 30,168 servicios y 13,676 personas beneficiadas, con mecanismos alternos de resolución de conflictos bajo principios de voluntariedad y equidad.
Por su parte, la Procuraduría Especializada de Atención Psicosocial aportó 50,684 servicios y atendió a 5,113 usuarios, con acompañamiento psicológico, social y jurídico forense, junto con la elaboración de estudios psicológicos e investigaciones sociales.
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