Ordenan instrucción formal contra dos mujeres por el hurto de fondos para la restauración de una iglesia en El Salvador

La acción judicial se origina en una denuncia presentada el 17 de febrero de 2026, tras detectarse transferencias no autorizadas desde la banca en línea de una entidad que restaura un templo católico

La investigación en Santa Ana comenzó tras una denuncia presentada el 17 de febrero de 2026 por la representante legal de la asociación afectada./(Centros Judiciales El Salvador)
La investigación en Santa Ana comenzó tras una denuncia presentada el 17 de febrero de 2026 por la representante legal de la asociación afectada./(Centros Judiciales El Salvador)
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El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal en contra de dos mujeres por el presunto hurto de más de $10,000 mediante medios informáticos de la cuenta bancaria de una asociación dedicada a la restauración de una iglesia católica en esa ciudad. Según datos de Centros Judiciales El Salvador, las imputadas, identificadas como Mirna Elizabeth B. de M., de 57 años, y Nais A. E., de 56, enfrentan cargos por apropiarse ilegalmente de fondos de la organización religiosa.

De acuerdo con el reporte publicado por Centros Judiciales El Salvador, la investigación se inició tras la denuncia presentada el 17 de febrero de 2026. Ese día, la representante legal de la asociación intentó ingresar a la banca en línea de la institución, con el objetivo de pagar aranceles anuales ante el Ministerio de Gobernación de Santa Ana. Al no lograr acceder a la cuenta usual, la representante optó por utilizar la cuenta de la secretaria, quien se encontraba presente, pero el sistema reportó insuficiencia de fondos, lo que encendió las alarmas dentro de la organización.

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La representante acudió a la sede de la iglesia católica para revisar el estado de la cuenta bancaria desde una computadora disponible en el lugar. Al verificar el saldo, detectó que ese mismo día se había realizado una transferencia por $9,890 a nombre de Mirna Elizabeth B. de M.. Ante esa situación, decidió trasladarse a la institución financiera para solicitar información adicional sobre los movimientos de la cuenta.

Un mazo de madera con anillo dorado y un teléfono celular negro con pantalla apagada reposan sobre una mesa de madera.
La irregularidad salió a la luz cuando la asociación no pudo acceder a su banca en línea para pagar aranceles ante el Ministerio de Gobernación de Santa Ana./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el banco, los empleados notificaron que momentos antes también se había realizado una transferencia por $600 a nombre de Nais A. E.. Así, la suma sustraída ascendía a $10,490, monto que fue reportado a las autoridades. El personal bancario recomendó a la representante legal interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que se concretó poco después, de acuerdo con la información divulgada en la cuenta oficial de Centros Judiciales El Salvador.

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El proceso judicial derivó en la imposición de medidas sustitutivas a la detención provisional para Mirna Elizabeth B. de M., quien deberá presentarse una vez al mes ante el Juzgado de Instrucción y tiene prohibido salir del país mientras se desarrolla la investigación. En el caso de Nais A. E., las autoridades reportan que su paradero es desconocido.

Según lo consignado por Centros Judiciales El Salvador, el requerimiento fiscal describe que la operación irregular fue detectada cuando la representante legal de la asociación, al no poder efectuar el pago de los aranceles, identificó el faltante en la cuenta y la coincidencia temporal de las transferencias hacia las imputadas. Este hallazgo permitió a la organización presentar pruebas documentales ante la Fiscalía y agilizar el inicio del proceso penal.

Primer plano borroso de la cabeza y los hombros de una mujer, en escala de grises y con un fondo blanco liso.
Mirna Elizabeth B. de M. quedó sujeta a medidas sustitutivas, con presentación mensual ante el Juzgado de Instrucción y prohibición de salir del país. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa, que involucra delitos cometidos a través de medios informáticos, refleja la creciente preocupación de las autoridades salvadoreñas por fortalecer los controles y la vigilancia sobre las operaciones electrónicas en instituciones sin fines de lucro y organizaciones religiosas. Las medidas cautelares impuestas buscan evitar la fuga de la principal imputada y facilitar el avance de la investigación judicial.

Al cierre del reporte, Centros Judiciales El Salvador señala que la instrucción formal continúa vigente en el Juzgado de Paz de Santa Ana, mientras la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Nais A. E. para que responda por los hechos atribuidos. El caso pone de relieve los desafíos que enfrentan las asociaciones en materia de seguridad financiera y la importancia de la denuncia oportuna ante cualquier anomalía detectada en sus cuentas bancarias.

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