Nicaragua: denuncian desaparición forzada de siete personas ante la Corte IDH

Las organizaciones humanitarias presentaron este miércoles una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la situación de 16 personas nicaragüenses que, pese a contar con medidas provisionales, continúan privadas de libertad por motivos políticos, y de las cuales siete permanecen en condición de desaparición forzada en Nicaragua.

La denuncia se realizó en el marco de una audiencia sobre los casos conocidos como “Los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros” y “cuatro indígenas mayangna privados de libertad”, ambos relacionados con personas detenidas en el país centroamericano.

De acuerdo con el grupo de organizaciones de derechos humanos que llevó la denuncia ante la Corte, el Régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene un desacato permanente respecto de las medidas provisionales ordenadas por el tribunal. Las entidades señalaron que las 16 personas beneficiarias siguen privadas de libertad de manera arbitraria, mientras que siete se encuentran en situación de desaparición forzada, según informó la agencia EFE.

Según los alegatos presentados, la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos, en las que ordenó la liberación inmediata de las personas detenidas y la protección de su vida, integridad y libertad. Hasta el momento, no se ha concretado ninguna liberación bajo estas medidas.

Las organizaciones denunciantes también informaron que al menos dos personas amparadas por medidas provisionales han fallecido bajo custodia estatal. Entre los participantes de la audiencia estuvieron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no se presentó en la audiencia, según detalló EFE.

Las agrupaciones advirtieron sobre un patrón de condiciones carcelarias que consideran incompatibles con la dignidad humana. Mencionaron celdas selladas y sin ventilación, plagas, iluminación permanente, carencia de agua potable y alimentación adecuada, falta de atención médica y aislamiento severo del contacto con familiares y abogados.

Las organizaciones señalaron que estas condiciones afectan especialmente a al menos siete personas mayores de edad y con enfermedades crónicas.

“El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado. Por ello, solicitamos a la Corte mantener las medidas provisionales y ordenar nuevamente al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas beneficiarias, incluyendo aquellas que ya cumplieron las condenas arbitrariamente impuestas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete”, expresaron los denunciantes en la audiencia.

Durante el encuentro, se expresó preocupación por la muerte bajo custodia estatal de cuatro presos políticos en los últimos doce meses, siendo la más reciente la del líder indígena Brooklyn Rivera.

En la audiencia participaron también la comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas.

Las organizaciones solicitaron mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar nuevamente la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH.

Además, pidieron instar al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana a adoptar todas las medidas posibles para que el régimen cumpla las órdenes del tribunal.