El nuevo régimen transitorio para infracciones ambientales en El Salvador entró en vigencia el 8 de agosto de 2026. Según lo publicado en la edición del 7 de agosto del Diario Oficial, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) cuenta ahora con un marco normativo que regula el proceso sancionador, desde la denuncia hasta la ejecución de las sanciones.
El régimen transitorio aplica a personas naturales o jurídicas, tanto del sector público como privado, así como a instituciones de gobierno y generadores de residuos. Todos ellos están sujetos a investigación y sanción si infringen la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos u otra normativa relacionada.
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El Diario Oficial informó que la regulación cubre infracciones leves, graves y muy graves, y otorga al Tribunal Sancionador de ANDRES facultades para actuar de oficio o ante denuncia.
Denuncias e inspecciones
El proceso sancionador puede iniciarse por denuncia escrita, verbal o digital, incluido el uso de correos electrónicos, mensajes, redes sociales y otros medios tecnológicos. La denuncia debe contener la identificación del denunciante y del presunto infractor, una descripción precisa de los hechos, la norma supuestamente infringida y la firma o huella digital del denunciante.
El Diario Oficial detalló que se admite la denuncia anónima si se exponen los hechos y la identificación del infractor.
Las inspecciones de oficio también forman parte del procedimiento. Cuando autoridades como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos detectan una posible infracción, están obligadas a informar de inmediato y remitir un acta al Tribunal Sancionador.
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En casos de flagrancia, los agentes deben levantar el acta correspondiente y notificar a ANDRES, lo que constituye el inicio formal del proceso.
Derechos, medidas y pruebas
A lo largo del proceso, el presunto infractor tiene derecho a ser notificado, presentar pruebas y ejercer su defensa por escrito. El Tribunal Sancionador debe garantizar la oportunidad de aportar documentación, solicitar peritajes, pedir audiencias y realizar inspecciones en el lugar de los hechos.
El Diario Oficial subrayó que la autoridad podrá requerir y valorar cualquier medio probatorio, incluidas pruebas documentales, testimoniales y periciales.
El Tribunal puede dictar medidas preventivas o cautelares en cualquier momento para evitar daños ambientales o asegurar la eficacia de la resolución final. Estas medidas pueden incluir la suspensión de actividades, el retiro de productos o la imposición de obligaciones de hacer. Las medidas solo cesarán cuando se eliminen las causas del riesgo o daño ambiental.
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Sanciones, multas y plazos
Una vez admitida la denuncia, si el infractor reconoce su responsabilidad, el Tribunal puede atenuar la sanción y establecer compromisos de reparación. La aceptación de los hechos puede dar por terminado el proceso si se cumplen los compromisos y se repara el daño causado.
Si eso no ocurre, el procedimiento seguirá su curso hasta la imposición de sanciones administrativas.
En el caso de infracciones leves, las sanciones pueden ser sustituidas por jornadas de sensibilización ambiental o trabajo comunitario, siempre que el infractor lo justifique médica o legalmente. El Tribunal evaluará la pertinencia y el cumplimiento de estos programas, con la posibilidad de exigir asistencia a programas de educación ambiental si el infractor no puede realizar trabajo comunitario.
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Cuando la sanción implica una multa, el infractor está obligado a pagar en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación del mandamiento de ingreso. El incumplimiento genera intereses moratorios del 4% anual sobre el monto adeudado.
La resolución de sanciones se considera firme si no se presenta recurso de reconsideración o si el Tribunal resuelve definitivamente.
Las disposiciones transitorias entraron en vigor el 8 de agosto de 2026 y regirán hasta que se apruebe el Reglamento General definitivo de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos. Mientras tanto, ANDRES permanece facultada para regular, sancionar y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en todo el territorio nacional.
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