¿Hasta dónde puede llegar un influencer? Las sanciones por vulnerar la dignidad de menores en Honduras

El polémico video en el que los creadores de contenido conocidos como “Soy Rosel” y Urías Lobo aparecen ofreciendo $20 dolares (500 lempiras) a un menor a cambio de raparle el cabello dejó de ser únicamente una controversia en redes sociales y pasó al terreno judicial.

La Fiscalía Regional de Oriente abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si existe responsabilidad penal. El Ministerio Público analiza preliminarmente el caso bajo la figura de trato degradante, según confirmó su portavoz Fernando González.

El episodio abre una discusión más amplia en Honduras: ¿qué consecuencias puede enfrentar un influencer cuando una dinámica diseñada para generar contenido involucra la dignidad de un niño?

Aunque aparecer en un video o recibir dinero no convierte automáticamente una conducta en delito, la legislación hondureña contempla protecciones especiales cuando una persona menor de edad es sometida a actos que puedan afectar gravemente su integridad moral.

El trato degradante puede llevar a prisión

Uno de los principales elementos que deberá analizar la Fiscalía está contenido en el artículo 214 del Código Penal de Honduras.

La norma establece que comete trato degradante quien, mediante violencia física, psicológica o verbal, somete a otra persona a una conducta que atente gravemente contra su integridad moral.

La pena prevista es de uno a dos años de prisión, además de prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. La legislación establece, además, que la sanción debe aumentar en un tercio cuando la víctima sea vulnerable por razones como la edad, enfermedad o discapacidad.

Esto significa que el hecho de que la persona involucrada sea un niño constituye un elemento especialmente relevante para la investigación.

Sin embargo, la existencia de un video polémico no equivale por sí sola a una condena. Corresponderá al Ministerio Público determinar si la conducta reúne los elementos del tipo penal y, eventualmente, presentar una acusación que deberá ser valorada por un juez.

Uno de los debates que surgió después de la viralización de las imágenes es que el menor habría aceptado participar en la dinámica a cambio del dinero.

Desde el punto de vista jurídico, ese elemento no necesariamente cierra el análisis.

Cuando intervienen menores de edad, la legislación establece una protección reforzada precisamente porque su capacidad para tomar determinadas decisiones no es equivalente a la de un adulto y porque pueden existir factores adicionales, como necesidad económica, vulnerabilidad social o una relación desigual frente a personas mayores.

En el caso investigado, las autoridades deberán determinar si existió una situación de vulnerabilidad y en qué condiciones el menor aceptó que le cortaran el cabello frente a una cámara.

Medios hondureños han informado que el niño se encontraría bajo el cuidado de su abuela y en una situación considerada de riesgo social, elementos que forman parte del contexto que la Fiscalía deberá verificar.

Grabar y publicar puede convertirse en parte de la evidencia

La existencia del video también introduce una particularidad: buena parte del hecho investigado quedó registrada por los propios participantes.

El Ministerio Público informó que un equipo investigador del Módulo de Atención Integral Especializado se encuentra recopilando pruebas e indicios con el objetivo de determinar si existen elementos para formular una acusación.

En este tipo de investigaciones, una grabación puede ser analizada junto con testimonios, contexto, circunstancias personales de la víctima y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo ocurrido.

Por ello, publicar voluntariamente una dinámica en TikTok, Facebook, Instagram u otra plataforma no coloca al creador fuera del alcance de la legislación ordinaria.

Las redes sociales son el medio de difusión, pero una eventual responsabilidad se determina por la conducta ejecutada y sus consecuencias, no únicamente por la plataforma donde apareció.

Ganar visualizaciones no crea una excepción legal

El crecimiento de los creadores de contenido ha popularizado videos basados en retos, bromas, premios económicos y dinámicas con desconocidos.

La búsqueda de reproducciones, seguidores o ingresos publicitarios, sin embargo, no crea una categoría jurídica diferente para los influencers.

Si una conducta encaja en un delito previsto en el Código Penal, puede investigarse independientemente de si ocurrió para entretener a una audiencia, generar interacciones o monetizar una cuenta.

El caso de “Soy Rosel” y Urías Lobo resulta especialmente sensible porque mezcla tres factores: un menor de edad, dinero y una acción difundida públicamente como contenido de entretenimiento.

Es precisamente esa combinación la que ha llevado el debate más allá de la reacción social y hacia la responsabilidad que pueden asumir quienes construyen contenido utilizando a personas vulnerables.

El Estado también puede intervenir para proteger al menor

La respuesta institucional no se limita al ámbito penal.

Tras la difusión del video, autoridades hondureñas anunciaron acciones para identificar al menor, conocer su situación familiar y determinar qué medidas deben adoptarse para restituir sus derechos.

La designada presidencial María Antonieta Mejía, vinculada al Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, sostuvo que la vulnerabilidad de un niño no puede transformarse en entretenimiento y pidió activar la ruta institucional correspondiente.

Esto plantea una diferencia importante: una investigación penal busca establecer la responsabilidad de los adultos involucrados, mientras que el sistema de protección debe concentrarse en el bienestar y derechos del niño. Ambos procesos pueden avanzar de forma paralela.

Un caso que puede marcar precedente para los creadores de contenidod La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y no existe, hasta ahora, una sentencia que determine responsabilidad penal contra los dos creadores.

dEl caso, sin embargo, puede convertirse en una referencia para la creciente industria de influencers en Honduras.

Hasta ahora, buena parte de la discusión sobre creadores digitales se había concentrado en monetización, publicidad o alcance de sus plataformas. La controversia del niño rapado introduce una pregunta distinta: qué ocurre cuando la búsqueda de contenido entra en conflicto con derechos protegidos por la legislación penal y las normas de protección a la infancia.

La respuesta no dependerá del número de seguidores, de si la publicación fue considerada una broma ni de la cantidad de dinero entregada.

El punto central para la Fiscalía será determinar si la conducta afectó gravemente la integridad moral del menor y si se cumplen los elementos establecidos en el artículo 214 del Código Penal.

Solo después de esa investigación y de un eventual proceso judicial podrá establecerse si existe responsabilidad penal.