
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla resolvió que existió enriquecimiento ilícito por parte de Jaime Alfredo Miranda Flamenco, exfuncionario público, y su esposa, Alicia del Carmen Medina de Miranda. Según informó Centros Judiciales El Salvador, ambos deberán restituir al Estado más de $277,000. Además, Miranda Flamenco quedó inhabilitado durante una década para ocupar cargos públicos.
De acuerdo con la comunicación oficial divulgada por Centros Judiciales El Salvador, la sentencia se produjo tras el análisis de pruebas periciales presentadas por la representación fiscal. La resolución ordenó la devolución exacta de $277,203.61 a favor del Estado y estableció la inhabilitación de Miranda Flamenco para ejercer funciones públicas por diez años.
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El proceso se originó al detectarse irregularidades financieras durante la gestión del exfuncionario, quien ocupó los cargos de ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2014, viceministro de Cooperación para el Desarrollo de 2014 a 2018, y viceministro de Integración y Promoción Económica de 2018 a 2019.
Según el reporte judicial, las anomalías detectadas incluyen pagos con tarjetas de crédito, transferencias bancarias e inconsistencias en los movimientos financieros. El monto atribuido a Jaime Alfredo Miranda Flamenco corresponde a seis irregularidades que suman $213,364.35, mientras que para su esposa se identificaron tres hallazgos financieros por $63,839.26.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se originó en un informe elaborado por la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El lunes 17 de agosto, la FGR presentó una demanda civil contra Miranda Flamenco y su cónyuge, reclamando la restitución de USD 283,733.89 e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por diez años. Este proceso fue gestionado por la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción y presentado ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
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A Miranda Flamenco, las autoridades le atribuyen irregularidades por USD 219,894.63 vinculadas a depósitos bancarios, pagos de deuda y diferencias entre ingresos y obligaciones financieras. Estos hechos corresponden a los años 2009 a 2019, cuando ejerció distintos cargos en los gobiernos de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La demanda civil también incluyó a Alicia del Carmen Medina Aguilar de Miranda, a quien se le señalaron irregularidades por USD 63,839.26. Según la FGR, Miranda Flamenco ocupó los cargos de viceministro de Cooperación para el Desarrollo entre 2009 y 2013 y de 2014 a 2018, ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2014, y viceministro de Integración y Promoción Económica entre 2018 y 2019.
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La resolución de la Cámara Ambiental representa un paso relevante en el combate a la corrupción en la administración pública salvadoreña, según lo reflejan los datos oficiales divulgados por Centros Judiciales El Salvador y la Fiscalía.

Otros casos
En julio, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador ordenó al exdirector de la Asociación Infocentros, Sigfredo Armando Figueroa Salinas, pagar $3.1 millones al Estado, tras comprobar su participación en el desvío de fondos mediante “convenios ilegales”, según la FGR.
Infocentros fue una entidad privada sin fines de lucro creada en El Salvador a finales de los años 90 para promover el acceso público a la tecnología, el internet y la capacitación digital.
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Poco antes, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio en contra del expresidente del Banco de Desarrollo El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán Escobar, por los delitos de cohecho impropio y negociaciones ilícitas, y mantuvo la detención como medida cautelar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Durán Escobar habría autorizado el manejo de fondos millonarios entre 2019 y 2022 para obtener beneficios económicos propios, a favor de terceros, de un banco privado del cual era accionista y de un empresario del sector transporte en El Salvador.
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