Durante siete meses, una joven vivió bajo el control de Yessica Beatriz Salmerón, quien la obligó a realizar trabajos sexuales y tareas domésticas sin recibir pago, sometiéndola a amenazas y agresiones físicas como golpes y quemaduras.
Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, los abusos se agravaron: la víctima era forzada a pasar horas hincada sobre grava, además de sufrir violencia constante.
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Logró escapar tras uno de los ataques, con la ayuda de otras personas, y denunció la situación ante las autoridades. En junio de 2026, Salmerón fue condenada a 30 años de prisión por trata de personas y lesiones muy graves.
El caso de Salmerón no es único. Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la Fiscalía General de la República documentó al menos 70 investigaciones de trata en El Salvador.
En el centro de San Salvador, una estructura encabezada por Amanda Del Carmen Cárcamo Barrera fue desarticulada por dedicarse a la explotación sexual y al lavado de dinero. Cárcamo Barrera y su red captaban mujeres en parques y, mediante engaños y amenazas, las forzaban a prostituirse.
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Todos los implicados fueron arrestados y enfrentarán cargos por trata agravada, lavado de dinero y pertenencia a agrupaciones ilícitas.
En San Miguel, la pareja de Rafael Enrique Buendía Arenívar y Xiomara Carolina Martínez Mozo, propietarios del centro nocturno Las Catrinas Bar, utilizaba Facebook para anunciar empleos como meseras, bailarinas o damas de compañía. Las jóvenes que acudían eran obligadas a la explotación sexual. Ambos fueron capturados y acusados de trata en su modalidad de explotación sexual.
¿Qué ocurre con la trata de personas en El Salvador?
En 2024, según el Reporte sobre la Trata de Personas publicado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, las autoridades incrementaron las investigaciones y procesos judiciales por delitos de trata, procesaron a un mayor número de presuntos traficantes, asistieron a más víctimas y ampliaron la capacitación a funcionarios.
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El país fue ascendido a Nivel 2 porque, aunque no cumple todos los estándares internacionales, mostró avances frente al periodo anterior.
El informe señala que el gobierno aumentó la identificación de víctimas y amplió el mandato de las Unidades Especializadas de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes. También hubo campañas para advertir sobre reclutamiento fraudulento y para educar sobre riesgos en el sector turístico.
No obstante, el reporte muestra que en 2023 los tribunales no condenaron a ningún traficante, a diferencia de años previos, y que los servicios para víctimas siguen siendo inadecuados, especialmente para niños, hombres y personas LGBTQI+.
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El informe detalla que en 2023 la policía investigó 38 nuevos casos de sospecha de trata, involucrando a 79 sospechosos, un aumento respecto a los 36 casos y 13 sospechosos de 2022. Las autoridades iniciaron procesos contra 43 sospechosos en 17 casos, dando seguimiento a procesos anteriores. Sin embargo, ningún traficante fue condenado ese año, en contraste con 2022, cuando hubo 10 condenas en tres casos.
El Estado mantuvo unidades policiales y fiscales especializadas, y amplió el mandato de la UAEMNA a 19 ubicaciones, iniciando casi la mitad de los procesos recientes fuera de la capital. No obstante, la falta de un sistema electrónico de gestión de casos limitó el análisis de información, y la policía fuera de San Salvador no remitía consistentemente los casos a la unidad especializada.
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El impacto del Estado de Excepción y los retos institucionales
El Estado de Excepción, vigente desde marzo de 2022, llevó a la detención de más de 75,000 personas (durante ese año) por actividades relacionadas con pandillas, aunque no siempre se evaluaron posibles indicadores de trata entre los arrestados.
Entre los detenidos, podían encontrarse menores y mujeres explotados por redes criminales, quienes no eran identificados como víctimas y podían ser procesados por delitos cometidos bajo coacción.
A finales de 2023, 841 niños seguían encarcelados bajo el Estado de Excepción. El gobierno reportó 40 víctimas identificadas en el último año, incluyendo niños, niñas, mujeres y hombres, con la mayoría sometida a explotación sexual.
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El gobierno proporcionó atención inmediata a las víctimas, incluyó derivaciones a servicios públicos y ONG, y apoyó la repatriación de tres víctimas colombianas. Durante tres meses, seis niños recibieron vales de alimentos luego de salir de un refugio.
El gobierno destinó USD 479,590 para protección de víctimas. Las instituciones siguieron un protocolo interinstitucional para la atención y derivación, aunque requiere que toda posible víctima pase primero por policía o fiscalía antes de recibir asistencia.
El gobierno no ofreció refugios a víctimas masculinas o LGBTQI+, aunque a finales de 2023 se destinó un terreno para construir un refugio especializado.
Las víctimas infantiles podían ser derivadas a CONAPINA, que operaba un refugio para niñas víctimas de trata, con capacidad para 20 menores de entre ocho y 17 años. Las mujeres adultas podían acceder a refugios de ISDEMU, que ofrecía atención integral, aunque restringía el movimiento y las actividades externas de las residentes.
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Justicia, prevención y recomendaciones internacionales
Expertos locales informaron que la calidad de la atención era insuficiente para las necesidades reales de las víctimas, y que muchos procesos judiciales largos y la falta de protección adecuada llevaban a que las víctimas abandonaran el país o dejaran de colaborar.
El reporte recomienda mejorar la identificación de víctimas entre poblaciones vulnerables, incrementar la financiación de servicios especializados, permitir mayor autonomía de las víctimas adultas durante su protección y crear un fondo de compensación. Además, se sugiere mejorar la coordinación interinstitucional, la recopilación de datos y adaptar la ley nacional a los estándares internacionales.
El gobierno aumentó campañas de prevención en escuelas, comunidades migrantes y zonas fronterizas, implementó orientaciones para beneficiarios de visas H-2 y capacitó a funcionarios del sector turístico y de inmigración.
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Sin embargo, no se identificaron víctimas a través de inspecciones laborales ni se reportó apoyo a largo plazo o reintegración tras los procesos judiciales.
La condena a Salmerón refleja avances en la persecución penal, pero la magnitud del fenómeno y la diversidad de métodos de captación y explotación muestran que El Salvador aún enfrenta desafíos estructurales para garantizar justicia y protección integral a todas las víctimas de trata.
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