Las microempresas de subsistencia en El Salvador quedan atrapadas entre deudas y exclusión financiera

Las microempresas de subsistencia en El Salvador enfrentan una realidad compleja marcada por el sobreendeudamiento y la exclusión financiera, según revela el estudio presentado por la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (ASOMI).

Este sector agrupa a más de 580,000 unidades económicas, que representan el 65.9% del total nacional, que se caracteriza por operar con ventas mínimas y sin capacidad de acumulación, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y las expone a una fragilidad estructural en el acceso al crédito formal.

En 2023, la mitad de los propietarios de microempresas de subsistencia manifestó disposición a abandonar su negocio si lograra un empleo formal con ingresos similares. La otra mitad prefiere mantener su actividad, impulsada por una necesidad de autonomía y resiliencia, aunque convive con una alta vulnerabilidad económica. Las crisis recientes han dejado huellas profundas: durante la pandemia de COVID-19, el 80% de estas microempresas cerró temporalmente, un 16% operó parcialmente y un 20% suspendió actividades de manera definitiva.

Entre 2021 y 2023, la inflación en alimentos deterioró el poder adquisitivo y la capacidad de pago, tanto de microempresarios como de sus clientes, incrementando la presión financiera sobre este segmento.

El informe de ASOMI destaca que el 78.2% de los asesores de crédito percibió un aumento en la mora y la salida de microempresarios del sistema financiero formal, intensificado en los momentos más agudos de la pandemia y con el impacto de la inflación.

Una vez excluidos, el 78.8% de los microempresarios recurre a prestamistas informales, mientras el resto opta por cerrar o vender activos. Los motivos principales para acceder al financiamiento informal son los antecedentes crediticios negativos, la menor exigencia de requisitos, la rapidez y la ausencia de garantías.

El contexto normativo, marcado por la Ley contra la Usura, tampoco ha generado los impactos esperados. El 40.1% de los asesores considera que esta legislación ha resultado negativa para el sector, ya que no regula a los prestamistas informales y los topes a las tasas de interés dificultan la atención a los microempresarios más vulnerables. Además, los mecanismos para denunciar prácticas abusivas no resultan efectivos; casi la mitad de los asesores señala que sus clientes evitan denunciar por temor a perder acceso a fuentes de financiamiento, mientras otros mencionan el desconocimiento de los procedimientos y el miedo a represalias.

El sobreendeudamiento tiene efectos directos en el ecosistema de las microfinanzas salvadoreñas. Según el estudio, el 46.7% de los asesores reporta una reducción en la cartera de clientes, el 37.7% observa mayor competencia de prestamistas informales y el 37.3% señala dificultades para cumplir con metas comerciales.

Además, el 11.8% enfrenta obstáculos adicionales para acceder a fondeadores.

La rotación de microempresarios entre diferentes instituciones financieras, sumada al acceso simultáneo a fuentes formales e informales, genera un sobreendeudamiento diversificado y aumenta los riesgos sistémicos para las entidades del sector.

Solo el 17.4% de los desertores termina excluido completamente del sistema formal, pero la multiplicidad de deudas incrementa la fragilidad financiera general.

Un dato relevante del estudio es el perfil de quienes abandonan las instituciones afiliadas a ASOMI: el 71.1% son mujeres, con predominancia de niveles educativos bajos. Las actividades principales son comercio y servicios.

La urgencia de liquidez para cubrir necesidades familiares, operativas o el pago de otras deudas empuja a buscar financiamiento informal. Solo el 2.6% depende exclusivamente de prestamistas informales, aunque el 10.3% acumula deudas en varias fuentes de manera simultánea.

En cuanto a la experiencia de los microempresarios con las instituciones formales, el 62.4% la califica como “buena” debido a la atención y rapidez, aunque la tasa de interés se percibe como el principal obstáculo.

Entre quienes recurren a prestamistas informales, el 53% valora la menor exigencia de requisitos y la rapidez, pero el 75% de quienes tuvieron una mala experiencia señala las tasas abusivas y el temor a represalias en caso de impago.

El estudio de ASOMI desarrollando con datos que abarcan hasta 2025 también recoge las demandas de los microempresarios desertores, quienes consideran prioritario el acceso a programas de reestructuración de deuda con tasas más bajas, asesoría personalizada en gestión de deudas y capacitación financiera.