
Reynaldo Alvergue, director de SOS Inmigración, recomendó a los salvadoreños no abandonar Estados Unidos mientras no exista una decisión firme sobre el futuro del TPS. “Lo primero es que no se vayan a salir”, aconsejó. Explicó que muchos migrantes lo consultan sobre si deben preparar sus maletas o transferir dinero, pero insistió en que lo más prudente es esperar y buscar orientación profesional antes de tomar cualquier decisión.
TPS, permisos laborales y fechas clave
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños tiene como fecha oficial de finalización el 9 de septiembre. Solo quienes estaban en Estados Unidos antes del 1 de abril de 2001 pudieron acogerse al programa. En sus inicios, el TPS amparó a 240 mil salvadoreños, pero actualmente la cifra ronda los 170 mil. Alvergue explicó que la reducción se debe a ajustes de estatus, retornos voluntarios o cambios a otros programas migratorios.
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El TPS otorga una protección temporal, no residencia permanente. Al concluir el programa, cada persona recupera el estatus migratorio anterior, lo que puede reactivar órdenes de deportación previamente suspendidas. “Cuando el programa termina, termina, y usted vuelve a recuperar su estatus anterior”, señaló el director de SOS Inmigración en la entrevista Frente a Frente.
Recientemente, un juez federal detuvo la cancelación de los permisos laborales para quienes están amparados por el TPS. Esta suspensión judicial evita, por ahora, que los tepesianos pierdan su derecho a trabajar mientras se resuelve el caso. La decisión mantiene los permisos vigentes hasta el 5 de agosto, fecha en la que el juez deberá pronunciarse definitivamente sobre la continuidad de esa suspensión. Si el juez decide poner fin a la suspensión, los permisos laborales quedarían anulados salvo que el Gobierno estadounidense disponga lo contrario.
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¿Qué ocurre si no hay pronunciamiento oficial?
Por ley, el Gobierno de Estados Unidos debe anunciar, al menos 60 días antes del 9 de septiembre, si el TPS será prorrogado o terminado. Si no hay comunicado oficial, la normativa prevé una prórroga automática de seis meses. Esta extensión funciona como plazo de gracia para que los beneficiarios del TPS puedan preparar su salida de Estados Unidos y para que los permisos de trabajo sigan vigentes durante ese tiempo. Alvergue lo explicó: “Si no dice nada, por ley, automáticamente se va a prorrogar por seis meses, para que la gente comience a preparar su salida”.
Esta prórroga no constituye una extensión total del TPS, sino un periodo transitorio antes de que la protección termine en firme. Si no hay extensión formal del TPS y concluye el plazo de gracia, tanto la protección como los permisos laborales terminarán.
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Recomendaciones legales, alternativas y clima de incertidumbre
Alvergue pidió a los beneficiarios del TPS que busquen asesoría legal para analizar posibles vías de ajuste migratorio antes de que termine el programa. “Usted solo puede arreglar de dos maneras: por un familiar o por un patrono”, aclaró. También indicó que la exigencia de un pago de cien mil dólares por parte del empleador fue anulada judicialmente. Insistió en que es fundamental revisar cada caso con un abogado migratorio, ya que existen diferentes opciones para regularizar la situación.

La situación de los salvadoreños amparados por el TPS es observada en otros países, como Venezuela, donde el programa fue cancelado y los beneficiarios tienen 180 días para abandonar Estados Unidos. Los venezolanos han solicitado la reactivación del TPS por causas extraordinarias. Alvergue remarcó que el futuro del TPS para El Salvador depende de una decisión oficial del Gobierno estadounidense, que puede anunciarse en cualquier momento hasta el 9 de septiembre. “Todo el mundo está esperando: van a cancelar o lo van a prorrogar”, expresó.
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El director de SOS Inmigración advirtió sobre la confianza excesiva de algunos migrantes, quienes creen que las buenas relaciones entre presidentes pueden asegurar nuevas prórrogas. Insistió en que, cuando el programa termina, termina, y urgió a los beneficiarios a tomar medidas para regularizar su estatus antes de perder la protección.
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