Las exportaciones desde las zonas francas de El Salvador representan cerca del 80% del total exportado por el país, una concentración que convierte a estos enclaves productivos en el eje estructural del modelo de comercio exterior salvadoreño, según el Informe Zonas Francas elaborado por la financiera EY.
El régimen, establecido en 1998, aporta aproximadamente el 10.6% del PIB nacional. En términos de escala, el sistema alberga 18 zonas francas con 170 empresas instaladas y una inversión estimada en USD 590 millones vinculada a infraestructura y operación.
El empleo como termómetro social del régimen
Las zonas francas generan alrededor de 81,405 empleos directos, una cifra que se ha mantenido estable durante la última década. El dato más revelador de su impacto social es la composición de esa fuerza laboral: entre el 53% y el 54% de los puestos son ocupados por mujeres.
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Esa proporción ubica a El Salvador como referente de inclusión de género en la región, según el informe de EY. A los empleos directos se suman los indirectos generados a lo largo de la cadena de valor asociada, aunque el documento no precisa esa cifra.
La manufactura textil, columna vertebral con señales de cambio
El sector textil y de confecciones sigue siendo el núcleo de la actividad en zonas francas. No obstante, el informe de EY advierte que esa concentración sectorial representa también una vulnerabilidad: la dependencia de un solo sector expone al país a cambios bruscos en la demanda internacional.
La pandemia de COVID-19 ilustró ese riesgo. Las exportaciones registraron una caída durante el período de mayor restricción global, aunque los años posteriores mostraron una recuperación que el informe describe como significativa y que reafirmó la centralidad del régimen para la economía salvadoreña.
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El marco regulatorio como señal a los inversionistas
El Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Zonas Francas y el Ministerio de Hacienda han mantenido un marco regulatorio estable desde la creación del régimen. Esa continuidad institucional es, según EY, uno de los factores que sostiene la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
El régimen también ha funcionado como canal de atracción de inversión extranjera directa, aunque el informe no desagrega qué porción de los USD 590 millones estimados corresponde específicamente a capital foráneo.
Los desafíos que el modelo aún no ha resuelto
EY identifica tres frentes pendientes para el régimen salvadoreño. El primero es la diversificación sectorial, para reducir la dependencia del textil.
El segundo es el avance hacia actividades de mayor valor agregado, con incorporación de innovación tecnológica. El tercero es la sostenibilidad ambiental, como condición para mantener competitividad en cadenas de valor internacionales cada vez más exigentes en ese aspecto.
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Un modelo que cumplió una etapa y busca la siguiente
Durante sus primeros 25 años de operación, las zonas francas salvadoreñas pasaron de ser un mecanismo de incentivos fiscales a convertirse en plataformas de desarrollo económico y social, según la lectura de EY.
El reto que plantea el informe es si el modelo puede dar un segundo salto: de la manufactura intensiva en mano de obra hacia sectores con mayor densidad tecnológica, sin perder los empleos formales que hoy sostienen a más de 81 mil trabajadores y, en particular, a la mayoría femenina de esa fuerza laboral.
La respuesta, concluye el análisis, depende de decisiones de política pública y de la capacidad del país para insertarse en cadenas de valor más complejas a nivel regional e internacional.
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