La Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador la solicitud de imposición de medidas en contra de 563 cabecillas históricos y nacionales de la pandilla Barrio 18. A los imputados se les atribuye un acumulado de 14,488 delitos cometidos desde el año 2012 hasta la fecha.
Este masivo proceso penal abarca a las dos divisiones de la organización criminal: 275 pandilleros pertenecientes a la facción Sureños y 288 a la facción Revolucionarios. De acuerdo con el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este requerimiento marca el inicio de un proceso judicial que se proyecta ágil.
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La institución prevé presentar el dictamen de acusación final en agosto, con el objetivo de celebrar la audiencia única abierta este mismo año para definir la situación jurídica de la cúpula de esta estructura. Con esta ofensiva legal, las autoridades judiciales buscan saldar una deuda histórica con la sociedad salvadoreña, llevando al banquillo de los acusados a los principales responsables de la zozobra y el luto en el país durante más de una década.
Entre los procesados figuran líderes históricos de alto rango, conocidos en la jerarquía criminal como:
- “Pilares nacionales”
- “Pilares de tribu”
- “Pilares históricos”.
Entre los nombres más destacados de la acusación se encuentran César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de los Palmas”, líder de la facción Revolucionarios, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, cabecilla de la facción Sureños.
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A estos jefes criminales se les acusa formalmente de delitos graves que incluyen:
- Rebelión
- Pertenencia a organizaciones terroristas
- Homicidio agravado
- Extorsión agravada
- Tráfico ilícito de drogas.
Bajo las reformas actuales del Código Penal salvadoreño, el delito de pertenencia a organización terrorista contempla penas severas que pueden alcanzar la cadena perpetua, lo que asegura que los procesados enfrenten décadas tras las rejas si son declarados culpables.
Atentados, masacres y el financiamiento del terror
La investigación fiscal detalla una serie de actos de barbarie y terrorismo que conmocionaron al país en años anteriores. Entre los casos documentados se encuentra la masacre de San Juan Opico, donde fueron asesinados 14 trabajadores, y una matanza interna ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les vincula directamente con crímenes de alto impacto institucional, como el ataque con coche bomba contra el Ministerio de Seguridad, atentados terroristas en las inmediaciones del Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez y asaltos armados a diversas sedes y delegaciones policiales.
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El requerimiento también expone cómo estas facciones del Barrio 18 utilizaron el tráfico ilícito de marihuana y cocaína como su principal mecanismo de autofinanciación. Estos recursos económicos les permitieron adquirir armamento de uso privativo de la fuerza armada y organizar la logística necesaria para sostener sus actividades criminales a nivel nacional.
Para sustentar la robusta acusación, la FGR se apoyó de forma determinante en la herramienta legal de intervención a las telecomunicaciones. Estas escuchas telefónicas permitieron frustrar múltiples atentados planeados por los cabecillas en tiempo real. Uno de los casos más alarmantes revelados por el fiscal Muñoz fue el plan para detonar granadas militares contra la sede principal de la Fiscalía.
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A través del monitoreo electrónico, las fuerzas de seguridad obtuvieron información precisa de que el armamento era transportado en un vehículo amarillo sobre la carretera Panamericana. La interceptación oportuna mediante controles vehiculares estratégicos logró incautar los explosivos antes de que llegaran a su destino.
Tras la recepción del caso por parte de la jueza tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, se ha otorgado un plazo inicial de dos meses de instrucción para que el ministerio público presente formalmente toda la prueba científica y testimonial recopilada.
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