El Tesoro advierte que las reformas tributarias ponen en riesgo el grado de inversión en Guatemala

Las recientes propuestas políticas sobre impuestos en Guatemala han generado preocupación en el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

El Tesoro nacional advirtió que la suspensión, el cambio y la derogación de tributos podrían dificultar que el país logre el grado de inversión, un objetivo clave para atraer capital y reducir el costo de financiamiento.

Diversos proyectos legislativos plantean la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Derivados del Petróleo (IDP). Estas medidas buscan mitigar el alza internacional de los combustibles, pero también reducen los fondos asignados a programas esenciales como educación, salud, seguridad y desarrollo urbano, indicó el Minfin a través de un comunicado.

En paralelo, se discuten iniciativas para eliminar tributos patrimoniales, como la derogación de la Ley de Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones mediante el Decreto 6-2026.

Mientras que este miércoles 29 de julio los diputados aprobaron reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), con el que eliminaron el pago del tributo a los inmuebles de uso residencial o mixto, y dejando un pago escalonado de 3 a 9 por millar, para los que sean de uso comercial.

Hecho que el Minfin consideró una amenaza para los ingresos de los gobiernos locales, ampliando la brecha de inversión en los territorios.

Consecuencias en la estabilidad y perspectivas de inversión

El MINFIN subraya que Guatemala mantiene una carga tributaria baja en comparación con sus necesidades de desarrollo. La existencia de una recaudación estable resulta fundamental para atender prioridades sociales, responder a futuras obligaciones y sostener la inversión pública.

Según el Tesoro, los recursos públicos corren riesgo si se aprueban reducciones fiscales sin un análisis técnico profundo. Aunque las iniciativas buscan aliviar el costo de vida de la población, el efecto inmediato sería restringir los fondos para proyectos de largo plazo que benefician a los guatemaltecos actuales y a las próximas generaciones.

Las principales agencias calificadoras de riesgo —Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global Ratings— han señalado que la baja carga tributaria nacional constituye una debilidad estructural. Para estas entidades, la inestabilidad o reducción de la recaudación aleja a Guatemala de alcanzar el grado de inversión y compromete el desarrollo.

Ajustes en impuestos sobre la renta y regímenes especiales

Los debates en el Congreso también incluyen cambios en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante el Decreto 13-2026, que afecta las rentas del trabajo. Asimismo, se proponen modificaciones a los límites del régimen de Pequeño Contribuyente, ahora vinculados al salario mínimo según el Decreto 31-2024. Estas variaciones disminuyen el pago efectivo de impuestos y repercuten en la recaudación general del Estado.

El Ministerio de Finanzas Públicas insiste en la necesidad de un análisis técnico riguroso antes de aprobar cualquier reforma tributaria. “Una reducción improvisada de estos tributos disminuye de forma temporal o permanente los recursos disponibles para financiar el desarrollo”, advierte la cartera.

Mejoras en la recaudación sin aumentar tasas

Desde 2024, el aumento en la recaudación se ha debido a acciones de la administración y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) enfocadas en la productividad de los impuestos existentes, sin elevar tasas ni crear nuevos tributos.

Las autoridades reconocen que, aunque se han conseguido avances en la eficiencia de la recaudación, la estructura fiscal de Guatemala sigue siendo vulnerable. Cualquier cambio que reduzca la base tributaria supone un riesgo para la estabilidad financiera del país y su capacidad para cumplir metas de desarrollo.

En síntesis, la advertencia del Tesoro es clara: las suspensiones, cambios y derogaciones de impuestos pueden comprometer el presupuesto nacional, debilitar el financiamiento de servicios esenciales y alejar a Guatemala de alcanzar una mejor calificación crediticia internacional. La estabilidad y previsibilidad en las normas fiscales son claves para el crecimiento sostenible y el bienestar de la población.