La Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cumplió un año de vigencia en El Salvador. Aprobada en junio de 2025 por la Asamblea Legislativa (de manera exprés), la norma fijó reglas para el endeudamiento, la transparencia y la disciplina fiscal, y estableció metas para la deuda del sector público en 2030, 2035 y el largo plazo.
La ley crea normas y lineamientos para la estabilidad macroeconómica a mediano y largo plazo. El texto contempla una regla fiscal con objetivos explícitos de endeudamiento para el sector público, el desarrollo de un Marco Fiscal de Mediano Plazo y la publicación periódica de información sobre la situación fiscal y sus perspectivas.
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La aplicación de la norma alcanza a todas las entidades del Sector Público No Financiero, entre ellas el Gobierno Central, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, instituciones descentralizadas, empresas públicas no financieras y municipalidades.
También incluye a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las obligaciones vinculadas al sistema de pensiones.
Fija obligaciones para las instituciones públicas
Uno de los puntos centrales es la obligación de las instituciones públicas de suministrar al Ministerio de Hacienda toda la información requerida para consolidar el balance fiscal nacional.
El ministerio es la entidad rectora y responsable de coordinar la ejecución y supervisión de la norma, y puede emitir lineamientos técnicos obligatorios y establecer criterios de consistencia fiscal para las distintas entidades estatales.
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El ministerio también debe publicar mensualmente el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, incluida la deuda previsional, desglosada por tipo de acreedor, instrumento y plazo.
La elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo se convierte en una herramienta para la gestión y la toma de decisiones sobre política fiscal. El instrumento incluye lineamientos de política, proyecciones económicas, metas anuales de deuda y análisis de riesgos fiscales, así como la evolución de las finanzas de las empresas públicas.
El marco debe cubrir cinco años y publicarse cada año en el Portal de Transparencia Fiscal.
Metas de deuda
La ley fija límites al endeudamiento del Sector Público No Financiero con el objetivo de que, en el largo plazo, la deuda con pensiones no supere el 70% del Producto Interno Bruto. Para alcanzarlo, el balance primario del sector público debe reflejar una tendencia continua de reducción en la relación deuda-PIB.
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La norma establece que la deuda no podrá superar el 80% del PIB en 2030 y el 75% en 2035, mientras que la meta de largo plazo está prevista para 2045. Los ajustes y revisiones de estos parámetros pueden hacerse cada 10 años, siempre con justificación técnica del Ejecutivo y aprobación legislativa.
¿Qué prevé ante situaciones excepcionales?
La normativa también contempla mecanismos de flexibilidad ante eventos excepcionales. La Cláusula de Suspensión permite modificar temporalmente las metas de deuda frente a emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o caídas pronunciadas del PIB.
En esos casos, el Ministerio de Hacienda debe justificar y publicar cualquier suspensión, y definir una nueva senda fiscal para volver a los límites establecidos.
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Durante este primer año, la publicación de reportes fiscales y la elaboración de los marcos fiscales anuales permitieron un mayor seguimiento del desempeño presupuestario. El gobierno informó avances en la consolidación de información financiera y en la identificación de riesgos asociados a las finanzas públicas.
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