Finalizó la fase de incorporación de pruebas tras la reanudación de la Audiencia Única Abierta contra los cabecillas nacionales de La Mara Salvatrucha 13 (MS-13).
Este proceso abarca delitos cometidos entre 2012 y 2022 y detalla las operaciones atribuidas a los líderes de esta organización en diferentes zonas del país.
Durante la jornada se presentaron documentos, peritajes y declaraciones relacionados con acusaciones de homicidio, extorsión, tráfico de armas, drogas y trata de personas.
Se admitieron actas de víctimas, testigos, especialistas forenses y de otras áreas, así como álbumes fotográficos, perfiles de imputados y audios vinculados a los casos.
En la acusación se sostiene que los cabecillas de la MS-13 habrían intentado establecer un estado criminal paralelo al institucional. Las pruebas documentales y testimoniales buscan demostrar que la estructura ordenó y coordinó acciones que, según el expediente, afectaron el sistema democrático.
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La teoría presentada por la Fiscalía indica que los líderes planificaron y dirigieron operaciones para lograr control territorial y político, mediante mecanismos propios de gobierno y justicia distintos a los estatales.
Durante la audiencia se incorporaron pruebas documentales y periciales, entre ellas declaraciones de víctimas, relatos de testigos, informes de analistas y dictámenes de peritos en criminalística, drogas y medicina forense.
También se agregaron álbumes fotográficos, actas de reconocimiento de implicados y perfiles de los procesados, además de registros de audios relacionados con los distintos casos.
Estas pruebas cubren hechos cometidos en varias regiones y reflejan el alcance nacional de la estructura investigada.
La acusación formal agrupa cargos por homicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de personas. Según la Fiscalía, los líderes de la MS-13 habrían dado órdenes relacionadas con estos delitos, que afectaron tanto a civiles como a miembros de cuerpos de seguridad.
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Se busca vincular a los procesados con la autoría intelectual y la coordinación de hechos ocurridos en diferentes áreas del país, y se señala que estas acciones formaron parte de una estrategia sistemática de la organización.
El proceso judicial se desarrolla bajo la teoría del “hombre de atrás”, que atribuye responsabilidad penal a quienes, desde posiciones de liderazgo, ordenaron, autorizaron o facilitaron la ejecución de delitos.
La Fiscalía sostiene que la estructura jerárquica permitió a los líderes asumir un rol de coordinación y control, aunque sin participar directamente en la ejecución. El planteamiento apunta a establecer la responsabilidad de los imputados por la totalidad de los hechos investigados.
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Las pruebas admitidas corresponden a diferentes regiones, en las que operaron las “clicas” de la MS-13. La investigación involucra los 32 programas identificados de la organización y describe cómo la estructura extendió su presencia a nivel nacional.
El expediente incorpora evidencia sobre actividades coordinadas entre distintas células y la cadena de mando que, según la acusación, facilitó la comisión de los delitos.
Con la conclusión de la fase de incorporación de pruebas, la Fiscalía tiene previsto presentar los alegatos finales. Se espera que en esa etapa se expongan los argumentos sobre las responsabilidades y se soliciten las penas máximas que prevé la ley para cada uno de los delitos imputados.
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Los fiscales afirman que el caso fue estructurado para cubrir todos los aspectos de la acusación y respaldar las imputaciones presentadas ante el tribunal.
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