Tribunal condena a tres salvadoreños por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó sentencia de cuatro años de prisión para Eris Humberto Hernández Renderos, Esaú Alexander Díaz Bermúdez y Jorge Celín Díaz Bermúdez tras declararse culpables de tráfico ilegal de personas en agosto de 2022. La sanción recayó sobre los tres imputados quienes, según el pronunciamiento judicial, admitieron su responsabilidad a través de un procedimiento abreviado.

La investigación determinó que, por transportar de forma ilícita a una familia rumbo a Estados Unidos, los traficantes recibieron de las víctimas un pago de USD 26.500. La suma se entregó bajo la promesa de que se intentarían hasta tres cruces fronterizos en caso de detención por autoridades migratorias, pero el primer intento fracasó y tampoco se cumplieron los viajes adicionales acordados.

De acuerdo con los hechos presentados en el proceso, el acto ilegal fue coordinado por los condenados después de ser contactados por una de las víctimas, que pretendía trasladar por tierra a su esposa y a su hija menor, junto a él mismo. Además de reconocer los cargos, los acusados cancelaron la deuda pendiente con las víctimas, lo que motivó que el tribunal optara por la vía abreviada para la sentencia.

Las redes de trata emplean plataformas digitales para captar a víctimas en El Salvador

El tráfico de personas en El Salvador ha experimentado modificaciones profundas en sus patrones y entornos operativos desde la declaración del estado de excepción en 2022, con la detención de miles de presuntos pandilleros y el debilitamiento del control territorial de las bandas criminales. El uso intensivo de redes sociales y plataformas de mensajería se ha consolidado como uno de los métodos principales para reclutar víctimas, exponiendo especialmente a niñas y mujeres jóvenes a la explotación sexual y laboral, de acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Según ese organismo, antes del endurecimiento de la aplicación de la ley, las bandas criminales mantenían un dominio significativo en varias regiones del país, lo que potenciaba los índices de narcotráfico y aumentaba los riesgos de trata de personas. Tras las operaciones policiales masivas, diversos medios documentaron la reducción casi completa del control territorial de las organizaciones delictivas, especialmente en los barrios históricamente más afectados por la extorsión y la violencia. Habitantes entrevistados informaron una disminución notable de estos delitos y mayores grados de libertad de movimiento, una situación sostenida hasta 2024.

Entre 140.000 y 200.000 niños en El Salvador tendrían al menos un progenitor ausente por migración o debido a detenciones vinculadas al estado de excepción, según revela el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta cifra, que representa uno de los segmentos de mayor vulnerabilidad frente a la trata sexual y laboral, sirve para dimensionar el impacto social extendido más allá de las cifras de criminalidad y detenciones.

Los casos documentados por las autoridades estadounidenses muestran que las redes de traficantes aprovechan falsas ofertas de empleo o estudios, tanto en El Salvador como fuera del país, para atraer y someter a sus víctimas. Estas ofertas se difunden principalmente en redes sociales, donde los criminales solicitan datos personales que posteriormente utilizan para chantajear, obligando a las personas a involucrarse en la explotación sexual bajo amenazas directas a su integridad o a la de sus familias.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos detalla el mecanismo: las víctimas, especialmente mujeres y menores de edad, son contactadas y reclutadas por traficantes que operan tanto en territorio nacional como de manera transnacional.

Utilizan información extraída a través de plataformas digitales para coaccionarlas, con métodos que incluyen amenazas a la reputación y la seguridad personal.

Además, los menores con familiares detenidos afrontan un estigma comunitario, ya que son asociados con las pandillas, lo que agrava su exclusión social y su exposición a situaciones de vulnerabilidad extrema.