Juicio por la masacre de los jesuitas en El Salvador iniciará el 20 de julio de 2026

El juicio por la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en El Salvador ocurrido el 16 de noviembre de 1989, comenzará el 20 de julio de 2026, según la convocatoria emitida por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. La vista pública se desarrollará a partir de esa fecha y continuará durante las sesiones que resulten necesarias para sustanciar el proceso penal.

Las órdenes internacionales de captura y las difusiones rojas permanecen activas para la mayoría de los implicados, con la excepción de Alfredo Félix Cristiani Burkard, cuya notificación roja fue eliminada tras el análisis realizado por la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL.

El tribunal ratificó las medidas cautelares sustitutivas de detención provisional para algunos procesados y renovó las órdenes de detención y difusión internacional para quienes continúan bajo régimen de prisión preventiva, salvo en el caso de Inocente Orlando Montano Morales, quien cumple condena en España.

Implicados y delitos atribuidos

La acusación detalla los cargos para cada uno de los procesados:

1. Alfredo Félix Cristiani Burkard: autor mediato (intelectual) en comisión por omisión en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

2. Rafael Humberto Larios López: autoría mediata en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

3. Juan Orlando Zepeda Herrera: autoría mediata en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

4. Juan Rafael Bustillo Toledo: cómplice en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

5. Carlos Camilo Hernández Barahona: cómplice en el delito de asesinato.

6. Nelson Iván López López: cómplice en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

7. Joaquín Arnoldo Cerna Flores: cómplice en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

8. Inocente Orlando Montano Morales: autor mediato en el delito de asesinato de José Joaquín López y López, Julia Elba Ramos y la adolescente Celina Maricet Ramos; actos de terrorismo.

9. Rodolfo Antonio Parker Soto: fraude procesal; encubrimiento personal; actos de terrorismo; actos de terrorismo.

10. Oscar Alberto León Linares: fraude procesal; encubrimiento personal; actos de terrorismo.

11. Manuel Antonio Hermenegildo Rivas Mejía: fraude procesal; encubrimiento personal; actos de terrorismo.

La intimación de Inocente Orlando Montano Morales está programada para el 13 de julio mediante videoconferencia, en coordinación con autoridades judiciales extranjeras.

Este proceso busca esclarecer uno de los episodios más graves del conflicto salvadoreño, enfrentando cargos de asesinato, terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.

Contexto: el caso y los procesos judiciales

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y dos colaboradoras fueron asesinados. El hecho provocó la atención internacional sobre la violencia política en El Salvador.

En abril de 2018, el proceso fue reabierto por solicitud del IDHUCA, que pidió al tribunal reconsiderar el expediente vinculado al asesinato ocurrido en 1989. En ese momento, se citó a Alfredo Cristiani, entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, para una audiencia especial.

El recorrido judicial continuó en marzo de 2019, cuando la Cámara Tercera de lo Penal confirmó la nulidad y el sobreseimiento de cargos para varios de los acusados, entre ellos Cristiani, Ponce, Bustillo, Zepeda y Montano.

La decisión se fundamentó en la cosa juzgada y defectos procesales, aunque la Fiscalía mantuvo la opción de presentar una nueva acusación que cumpliera con los requisitos legales.

En febrero de 2022, la Fiscalía General de la República presentó un nuevo requerimiento contra los presuntos responsables, tras la resolución de la Sala de lo Constitucional que invalidó el requerimiento presentado en 2000. Esto permitió reabrir la causa bajo una nueva base jurídica.

Finalmente, en noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador resolvió enviar a juicio a ocho personas por asesinato y actos de terrorismo, y a otros tres por fraude procesal y encubrimiento personal, tras admitir pruebas de la Fiscalía y de las defensas. Además, el juez instructor decretó la detención provisional y ordenó la emisión de difusión roja internacional para varios procesados, incluyendo al expresidente Alfredo Cristiani y a ex altos mandos militares.

El expediente ha estado marcado por avances, retrocesos y decisiones contradictorias, reflejando la complejidad del acceso a la justicia en casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Este caso continuará en su última fase el 20 de julio de este año.