Las autoridades judiciales de El Salvador dictaron 20 años de prisión para dos mujeres al ser halladas culpables del delito de extorsión agravada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana.
Según lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), la condena responde a los esfuerzos institucionales orientados a combatir la extorsión y a fortalecer el acceso a la justicia de las personas afectadas por estos crímenes.
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El caso fue resultado de una investigación donde Mariela del Carmen Sánchez Sayes y Tania Guadalupe Mirón Cerritos, amenazaron de muerte a la víctima, con el objetivo de obtener dinero a cambio.
La intervención de las autoridades tuvo lugar cuando la persona afectada había acordado cumplir con el pago que le exigían, presenció la detención de Sánchez Sayes y Mirón Cerritos, por lo que fueron detenidas de forma inmediata por delitos distintos, lo que permitió formalizar la denuncia ante la FGR de manera inmediata, facilitando así el procesamiento y condena definitiva por extorsión agravada continuada.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Candelaria de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, según el informe oficial.
En respuesta directa al caso, las condenadas recibirán una sanción de 20 años de cárcel por haber extorsionado a la víctima bajo amenazas de muerte para obtener un beneficio económico, en un proceso judicial desarrollado en Santa Ana y respaldado por pruebas recabadas por la Fiscalía General de la República, de acuerdo con información divulgada por la propia institución.
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Tres miembros de pandillas sentenciados por extorsión agravada contra un empresario
En otra resolución reciente, el 20 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador logró la condena de tres integrantes de la estructura criminal MS-13 por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario, fallo respaldado tanto por testimonios, como por peritajes y documentos aportados durante el proceso judicial, según reportó la FGR.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Renán Antonio Mercadillo Villalta, al quedar probado que, en dos ocasiones distintas, fue el encargado de recolectar personalmente el dinero proveniente de la extorsión. Los coacusados Christopher Steven Mejía Pérez y William Antonio Martínez Cartagena recibieron cada uno 16 años de cárcel, por su grado de participación en los hechos juzgados.
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La investigación permitió determinar que la extorsión comenzó en el año 2014, cuando los imputados obligaron a la víctima a realizar pagos semanales, bajo amenazas de muerte que involucraban a su familia y empleados. El 17 de diciembre de 2019, el empresario formalizó la denuncia, lo que impulsó la intervención de la FGR y la Policía. Entre enero y marzo de 2020, las autoridades efectuaron dos entregas controladas de dinero, facilitando la identificación de los responsables. Además, cinco testigos prestaron declaraciones incriminatorias que resultaron determinantes para la condena, como señala el expediente judicial.
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