Venezuela dijo que el operativo que mató al “Niño Guerrero” golpeó la estructura de las principales bandas criminales

El régimen de Venezuela dijo este lunes que la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, permitió desarticular centros de operación vinculados a organizaciones criminales que actuaban en el país, en el marco de una operación coordinada con Estados Unidos en el estado Bolívar, una región minera del sur del país caribeño.

La declaración fue difundida por el Ministerio de Comunicación, que vinculó el resultado del operativo con una estrategia de inteligencia desarrollada durante meses contra estructuras delictivas de alcance transnacional. Según el comunicado oficial, las acciones ejecutadas junto a organismos estadounidenses permitieron “quebrar los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país”.

El organismo chavista sostuvo que la muerte del líder del Tren de Aragua formó parte de una operación orientada a afectar las capacidades logísticas y de coordinación de grupos armados vinculados a actividades criminales dentro y fuera de Venezuela.

La cartera de Comunicación dijo que la acción respondió a una “planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales” y destacó que mantiene mecanismos de cooperación con organismos policiales internacionales para el intercambio de información e inteligencia.

El anuncio se produjo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente la muerte de Guerrero durante una operación militar desarrollada en territorio venezolano.

Trump aseguró que el Comando Sur ejecutó un “ataque rápido y letal” contra el jefe criminal y afirmó que la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela”, con quienes, según dijo, trabaja de forma “excelente”.

Posteriormente, el régimen venezolano confirmó la operación y explicó que fue posible gracias a mecanismos de cooperación, apoyo tecnológico especializado e intercambio de inteligencia entre ambos países, que retomaron relaciones diplomáticas en marzo tras varios años de ruptura.

El Niño Guerrero era considerado el principal referente del Tren de Aragua, una organización criminal surgida en Venezuela que extendió sus actividades a distintos países de América Latina.

Las autoridades estadounidenses la califican como una organización terrorista y la vinculan con delitos como tráfico de personas, extorsión, secuestros, homicidios y narcotráfico.

La operación se desarrolló en el estado Bolívar, una zona estratégica por su actividad minera y por la presencia de grupos armados vinculados a economías ilegales.

Según la versión oficial, el operativo no solo estuvo dirigido contra Guerrero sino también contra las estructuras que sostenían las operaciones de distintas organizaciones criminales en la región.

La intervención ocurrió además dos meses después de la entrada en vigor de una nueva legislación minera destinada a promover inversiones extranjeras en esas zonas del país.

Tras conocerse la muerte del líder criminal, la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció a Trump por las acciones emprendidas contra “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”.

Provea pidió transparencia sobre la operación

La ONG Provea reclamó este domingo información detallada sobre el operativo y exigió que la cúpula chavista explique públicamente sus alcances.

En un comunicado, la organización sostuvo que la población venezolana “tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación”.

La ONG manifestó preocupación por las circunstancias en que se produjo la muerte del líder criminal y afirmó que, con la información disponible hasta ahora, existirían indicios de lo que calificó como “una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial”.

Provea también pidió que se informe el número total de fallecidos, heridos y detenidos relacionados con el operativo, así como la identidad de las víctimas.

“El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo”, indicó la organización.

Asimismo, recordó que anteriormente había advertido sobre denuncias de abusos en operaciones de seguridad realizadas en regiones mineras y sostuvo que las acciones contra grupos armados no pueden derivar en “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles”.

La ONG vinculó el crecimiento de organizaciones criminales en el sur de Venezuela con años de debilidad institucional y expansión de economías ilegales en áreas ricas en recursos minerales.

Por ese motivo, reclamó “transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación” y solicitó explicaciones públicas al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, sobre los procedimientos aplicados y los resultados del operativo que terminó con la muerte del líder del Tren de Aragua.