Cerca de medio millón de USD fueron cancelados por servidores públicos y terceros a raíz de sentencias emitidas por las cámaras de Primera Instancia, según el más reciente Informe de Labores de la Corte de Cuentas de la República (CCR). A lo largo de 2025, dictaminaron 343 sentencias, de las cuales 245 correspondieron a municipalidades, lo que representa el 71,43 % del total.
En el desglose de las cifras, las municipalidades recibieron condenas que superaron los USD 20,1 millones, mientras que las 98 sentencias dirigidas a entidades del sector público sumaron más de USD 6,1 millones. El monto total condenado en el año alcanzó los USD 26,2 millones.
De dicha suma, USD 5,5 millones se atribuyeron a responsabilidad administrativa, sanción que, según el informe, se impone cuando se verifican infracciones a disposiciones legales, reglamentarias o contractuales por parte de funcionarios y empleados públicos. Esta clase de responsabilidad se sanciona mediante multas, en tanto que la responsabilidad patrimonial ascendió a USD 20,7 millones, originada por el perjuicio económico causado a la entidad respectiva por acción u omisión culposa de servidores públicos o terceros.
El reporte señala que de los USD 471,848.20 efectivamente cancelado, USD 173.000 correspondieron a responsabilidad patrimonial y USD 298.000 a responsabilidad administrativa. Estas cantidades representan fondos recuperados para el Estado a través de la ejecución de las sentencias.
Auditorías y hallazgos
En materia de control y fiscalización, la CCR llevó a cabo 656 auditorías durante el ejercicio fiscal, entre ellas más de 100 auditorías financieras que abarcaron a cuatro empresas públicas y 16 ministerios. Los procesos de auditoría permitieron identificar 2.285 hallazgos, incluyendo posibles montos patrimoniales que en conjunto ascienden a USD 40,2 millones. De este total, USD 23,7 millones corresponden a las direcciones de auditoría de la sede central y USD 16,5 millones a las regionales.
Además, la Dirección de Auditoría Forense desarrolló 60 peritajes a solicitud de la Fiscalía General de la República, tribunales del órgano Judicial y cámaras de Primera Instancia, sumando esfuerzos en la identificación y combate de prácticas irregulares en la administración pública.
Estos resultados reflejan la consolidación de la labor fiscalizadora y jurisdiccional de la Corte de Cuentas, que busca garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en todo el territorio salvadoreño.
Modernización institucional y combate a la corrupción
El máximo ente regulador también presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2028, una hoja de ruta alineada con estándares internacionales que delimita los objetivos de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para los próximos años. El PEI se estructura en tres ejes estratégicos: el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la mejora de la gestión pública y la promoción de la transparencia junto a la lucha contra la corrupción.
Este plan incorpora iniciativas orientadas a la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la consolidación de una cultura organizacional cimentada en valores éticos. De acuerdo con el informe, la implementación del PEI permitió alinear la labor de la CCR con los objetivos estratégicos institucionales y reafirmar el compromiso de brindar servicios públicos de calidad.
La institución también realizó el lanzamiento oficial de la Dirección Anticorrupción (DAC). Esta nueva dependencia, creada bajo el marco de la Ley Anticorrupción, tiene la misión de diseñar y ejecutar estrategias para prevenir, detectar, investigar y atender posibles hechos de corrupción. La DAC actúa dentro del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), reforzando la capacidad de la CCR para combatir los actos ilícitos que afectan la gestión pública y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Este informe fue presentado ante la Asamblea Legislativa.
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