El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado un decreto que autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir contratos directos para la provisión de placas vehiculares, así como la adquisición e implementación de lectores de placas y sistemas tecnológicos asociados. La medida responde a la necesidad de restablecer con urgencia el suministro de placas vehiculares, afectado durante los últimos tres años, y asegurar la continuidad operativa del sistema nacional de identificación.
Según el documento oficial, el decreto faculta al Instituto de la Propiedad (IP) para contratar directamente a fabricantes de placas y tecnología relacionada, excluyendo la participación de intermediarios o representantes locales, salvo representaciones regionales para varios países. Los contratistas deberán garantizar el mantenimiento de los estándares tecnológicos y de seguridad, así como la interoperabilidad con las plataformas del IP, sus centros asociados, las municipalidades, la Administración Aduanera de Honduras, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS).
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El texto legislativo establece que las contrataciones incluyan la adquisición de servidores, enlaces de comunicación, licencias y sistemas informáticos que permitan erradicar la mora existente en el suministro de placas. El suministro deberá mantenerse de forma continua, cubriendo la demanda de las más de dos millones de placas vehiculares actualmente en circulación.
El decreto subraya que todos los procesos de contratación y ejecución estarán sujetos a mecanismos de auditoría interna y externa. Además, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) tendrá la responsabilidad de identificar y gestionar fuentes de financiamiento, así como de efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para incorporar los recursos en el Presupuesto General de la República.
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La normativa se fundamenta en la facultad del Congreso Nacional de crear, interpretar y reformar leyes, según lo señalado en el Artículo 205 de la Constitución de la República. El objetivo central es garantizar la continuidad operativa del sistema tecnológico y disminuir el impacto económico en la ciudadanía hondureña, según el texto oficial.
El Instituto de la Propiedad y las instituciones estatales involucradas deberán coordinar la implementación de las disposiciones para asegurar el cumplimiento de las medidas, que buscan normalizar el suministro de placas y reforzar la infraestructura tecnológica en la identificación vehicular a nivel nacional.
Uso de permisos de papel ante la falta de placas metálicas
Durante varios años, Honduras enfrentó una escasez de placas metálicas definitivas para vehículos, lo que llevó al Instituto de la Propiedad (IP) a emitir permisos provisionales de circulación en papel. Esta situación afectó a miles de conductores, quienes en algunos casos utilizaron estos documentos temporales durante más de 15 meses. El uso extendido de placas de papel provocó inconvenientes legales, sanciones de tránsito y dificultades en la identificación vehicular, complicando la labor de los cuerpos de seguridad y afectando la vigilancia ciudadana.
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En marzo de 2026, el Congreso Nacional aprobó la compra directa de más de 900,000 pares de placas metálicas e inteligentes para regularizar el parque vehicular. La medida busca dotar a los vehículos de una identificación definitiva y mejorar la integración con sistemas de control y vigilancia, como el 911. El Instituto de la Propiedad informó que la entrega de las nuevas placas comenzará en las principales ciudades y se extenderá a todo el país, con el objetivo de restablecer la confianza en los controles viales y fortalecer la seguridad pública.
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