El crecimiento del transporte ilegal en El Salvador desplaza al sector formal

Empresarios del transporte en El Salvador advierten que la expansión del transporte ilegal ha generado un desequilibrio profundo en el sector, al estimar en 45 mil unidades piratas el parque vehicular fuera de la regulación oficial, lo que representa un crecimiento del 400% frente a las 9 mil unidades legales.

Según señalaron los principales dirigentes en declaraciones a la radio, esta situación no sólo compromete la sostenibilidad financiera de los operadores formales, sino que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y deteriora la capacidad operativa del servicio público.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Luis Regalado, vocero de la Mesa Nacional de Transporte y director presidente del Consorcio Contrasal, LTDA de C.V., el sector formal ha sufrido un retroceso en los últimos años.

Regalado precisó en una entrevista radial que mientras el parque legal disminuyó de once mil a poco más de nueve mil unidades desde la pandemia, la flota ilegal ha experimentado un alza exponencial: “Las unidades piratas representan aproximadamente el 83% del parque total, una cifra que supera en un 400% a las unidades legales en circulación”.

A esta problemática se suma la baja rentabilidad que enfrentan los empresarios del rubro, quienes denuncian haber sido desplazados por la competencia desleal de particulares y microbuses no autorizados. Lucio Vásquez, también vocero de la Mesa Nacional de Transporte e impulsor de la reorganización sectorial en San Salvador, detalló que los operadores ilegales suelen cobrar tarifas considerablemente superiores a las reguladas.

“Por lo que nosotros cobramos en el interdepartamental $0.75, ellos están cobrando $3”, señaló Vásquez durante la entrevista, puntualizando que la diferencia tarifaria no está ligada a una mejora de la seguridad ni del servicio, sino a la falta de regulación ante la oferta de un servicio más rápido al no seguir rutas establecidas.

Los empresarios piden revisar tarifas y fortalecer la fiscalización oficial

Los voceros del sector han hecho una solicitud explícita al gobierno para que se revisen las tarifas actuales del transporte público ante el contexto de aumento del costo operativo y pérdida de rentabilidad.

Vásquez advirtió que el negocio, especialmente para el transporte urbano, opera actualmente “casi al costo”, sin margen de ganancia suficiente ni posibilidad de acumular fondos para renovar las unidades cuando cumplen su vida útil: “Más que todo el urbano está trabajando casi al costo. La ganancia, si se le puede llamar ganancia, no hay. Y nos está afectado la depreciación de las unidades”, sostuvo a la emisora.

El impacto de esta situación se refleja en el retiro paulatino de vehículos formales, motivo por el cual la Mesa Nacional de Transporte insiste en la necesidad de un ajuste tarifario que permita la supervivencia del sector. Vásquez subrayó: “Tenemos un convenio firmado con el Estado y la única forma de dejar de prestar también el servicio es no tener la capacidad económica para sustituir esta unidad, porque ya cumplió su vida útil. Entonces, ahí termino y el convenio me lo permite”.

Como respuesta a la desregulación y ante la proliferación de unidades informales, los empresarios subrayan la urgencia de que las autoridades intensifiquen la fiscalización sobre el transporte ilegal, el cual, según Vásquez, evade impuestos, opera a su conveniencia y no asume responsabilidad alguna por accidentes ni servicio a los usuarios.

La competencia desleal pone en jaque a los transportistas formales

La permanencia de más de 45 mil microbuses, mototaxis, pickups y motocicletas ofreciendo servicios de transporte público a tarifas superiores constituye para los empresarios formales no sólo una competencia desleal grave, sino una amenaza directa a su supervivencia económica.

Vásquez puntualizó: “La competencia ilegal son vehículos particulares llevando gente, una cantidad de Hayes. Por lo que nosotros cobramos setenta y cinco centavos, ellos están cobrando tres dólares”.

Además subrayó que, por falta de controles efectivos, es común observar decenas de microbuses no regulados trasladando pasajeros entre municipios, lo que afecta la recaudación fiscal.

El fenómeno, según los dirigentes, se aceleró tras la pandemia, periodo en el que el cierre del transporte formal por casi seis meses permitió afianzar el modelo irregular en manos de ex empleados que ya conocen rutas, horarios y paradas clave.

Reorganización en San Salvador: cuatro zonas para un transporte más eficiente

En busca de soluciones, los empresarios han propuesto a las autoridades gubernamentales la reorganización del transporte masivo en la capital, dividiendo San Salvador en cuatro cuencas o zonas: norte, sur, oriente y occidente, abarcando municipios clave como Santa Tecla, Lourdes, Mexicano, Soyapango, Ilopango y San Martín.

Lucio Vásquez explicó el modelo: “La propuesta es formar un equipo de trabajo representativo de cada zona, que comience a trabajar en la formación de un ente jurídico que represente a cada sector”. Vásquez precisó que el Consorcio Contrasal agrupa actualmente 36 rutas.

El nuevo esquema permitiría a cada cuenca negociar insumos en volumen y reorganizar rutas de manera coordinada, facilitando la adaptación a proyectos de infraestructura como el metro cable y la reducción de costos operativos, todo en beneficio del usuario.

La transformación propuesta por una renovación profunda del sistema que favorezca tanto a usuarios como a transportistas.