Más de 35 empresas investigadas y 164 multas por especulación de precios en granos básicos en El Salvador

Las autoridades de El Salvador han impuesto 164 multas por especulación de precios en granos básicos, tras investigar a más de 35 empresas de la cadena de suministro. El Viceministro de Agricultura y Ganadería, óscar Domínguez, detalló durante la Entrevista AM de Noticiero El Salvador que la intervención responde a recientes alzas injustificadas en los precios del maíz, uno de los principales alimentos de la dieta salvadoreña.

Según expuso Domínguez, la Defensoría del Consumidor ha llevado adelante operativos de inspección en toda la cadena, con multas que suman cerca de 930,000 dólares. El funcionario subrayó que la especulación y el acaparamiento han sido prácticas detectadas en las investigaciones: “Ellos ya impusieron 164 multas por especulación de precios, que van sumando cerca de 930,000 dólares en lo que están aplicando la ley”, afirmó Domínguez en el espacio televisivo.

“Cuando nosotros, como gobierno, nos damos cuenta de esta alza totalmente injustificada es porque tenemos un monitoreo diario de precios a nivel de todas las plazas mayoristas del país”, explicó. Los reportes oficiales muestran que la producción nacional ha alcanzado cifras históricas, gracias al programa de Aumento a la Producción.

Actualmente, El Salvador ha sembrado más de 5,000 manzanas de maíz solo en el inicio de este año, lo que representa una producción superior al medio millón de quintales. Los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) indican que el país estaría superando los 17 a 18 millones de quintales en total, cifra suficiente para abastecer la demanda nacional, estimada en alrededor de 19 a 20 millones de quintales.

Además, el viceministro recordó que las empresas tienen libertad para importar maíz desde Estados Unidos, México u otros países, lo que contribuye a estabilizar el mercado. “La gran industria trae ya sea de Estados Unidos o de México, y eso ayuda a mantener un mercado totalmente estabilizado”, señaló Domínguez.

La Defensoría del Consumidor ha identificado diversas modalidades de acaparamiento, entre ellas el almacenamiento de maíz en bodegas no registradas, ubicadas incluso en viviendas particulares, como parte de la práctica especulativa. La colaboración ciudadana ha sido clave para identificar estos casos: “La misma población nos empieza a decir dónde están las bodegas de los llamados coyotes”, relató el funcionario.

En el marco de las inspecciones, se han detectado diferencias significativas en los precios de venta. Mientras que el precio estable del quintal de maíz debería situarse entre 21 y 22 dólares, durante el alza se registraron montos que alcanzaron entre 29 y 32 dólares por quintal en algunas zonas del país. “Eso es mentira. Hoy, que salimos junto a la Defensoría y empezamos a demostrar, a sacar granos, este grano básico lo puedes encontrar en casi cualquier lado y hasta en una tienda”, sostuvo Domínguez.

Como parte de las medidas para garantizar el acceso a precios justos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitó cuatro puntos de venta de maíz blanco en zonas estratégicas de San Salvador, Sonsonate y San Miguel, atendiendo al público desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. El objetivo es ofrecer el grano básico a un precio justo y desalentar la especulación en las plazas mayoristas.

El viceministro instó a la población a denunciar prácticas de acaparamiento y especulación a través del número 910, reiterando que estas acciones tienen consecuencias legales. “El acaparamiento de por sí ya se sabe que tiene consecuencias legales. Esa alza de precios en el maíz es totalmente injustificada”, recalcó.

La importación reciente de 125,000 quintales de maíz por aduanas refuerza el abastecimiento en el mercado nacional. El flujo de importaciones y la producción interna garantizan la cobertura de la demanda hasta finalizar el año, según datos del MAG.

Las acciones coordinadas entre el Ministerio de Agricultura y la Defensoría del Consumidor evidencian el esfuerzo por proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas y asegurar la estabilidad en la cadena de suministro de granos básicos.