El 69% de las microempresas en El Salvador opera bajo esquemas de subsistencia, según datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). El organismo, presidido por Paul Steiner, ha destacado que este segmento representa la mayoría del tejido empresarial del país y enfrenta importantes desafíos para integrarse a la economía formal.
La clasificación de las microempresas divide el sector en cinco categorías. Las dos primeras corresponden a unidades de subsistencia, donde los emprendedores suelen identificarse más como vendedores que como empresarios. De acuerdo con declaraciones de Steiner en entrevista con Infobae El Salvador, “el 69% de todas las microempresas del país se ubica en estas categorías de subsistencia”, cifra que confirma la magnitud del reto para el sector productivo.
Las microempresas de subsistencia se concentran principalmente en comercio y servicios, actividades en las que la mayoría de los involucrados genera ingresos básicos para sobrevivir, sin aspirar a un crecimiento empresarial sostenido. “Muchos ni siquiera se ven como empresarios, se ven como vendedores”, explicó Steiner a este medio.
Para atender esta situación, el Gobierno de El Salvador ha impulsado la Política de Integración Económica para la Microempresa, una iniciativa lanzada en 2023 bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Esta política fija como objetivo la formalización de más de 800,000 microempresarios, con el propósito de transformar los negocios de subsistencia en unidades rentables y sostenibles.
Entre los aspectos más relevantes de la política, el Gobierno ha promovido reformas legales que buscan simplificar los trámites para el registro y funcionamiento de las microempresas. Estas reformas incluyen la creación de la figura de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que facilita la constitución formal de pequeñas unidades productivas. Desde la introducción de la SAS, ya se han registrado más de 7,000 nuevas empresas bajo este formato.
En entrevista recientes, Camilo Trigueros, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), ha señalado que entre las principales novedades al cierre del 2025 fue el crecimiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permitieron la constitución de 7,200 nuevas empresas bajo este formato.
Esta modalidad, implementada en 2024 según Trigueros, elimina la necesidad de un notario, reduce el capital mínimo requerido y facilita la constitución de empresas de manera individual o colectiva. “El único límite es la actividad económica a la que se quiera dedicar el empresario”, señaló el funcionario, quien también enfatizó que la constitución de las SAS es gratuita y puede realizarse de forma electrónica.
La estrategia gubernamental también contempla incentivos fiscales, acceso a financiamiento mediante fideicomisos, capacitación técnica y la reducción de la carga regulatoria.
El diagnóstico de CONAMYPE revela que la informalidad constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector. La nueva política persigue modificar esta realidad, no solo a través de incentivos, sino también mediante la modernización y digitalización de los servicios públicos vinculados al proceso de formalización. Según información publicada por la propia CONAMYPE, el plan se estructura alrededor de cuatro ejes estratégicos: mejora del marco legal, simplificación de trámites, gestión del conocimiento empresarial y acceso a financiamiento.
La implementación de la Política de Integración Económica para la Microempresa se coordina a través de una mesa interinstitucional, que incluye al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Hacienda, el Centro Nacional de Registros (CNR), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y la propia CONAMYPE. Este esquema busca agilizar la atención y el acompañamiento a los microempresarios en todo el país.
Steiner ya ha manifestado en diversos medios que la formalización de estas empresas permitirá ampliar el espacio fiscal del Estado y contribuir a la generación de empleo y desarrollo local. Además, el acceso a beneficios legales y financieros se perfila como un incentivo clave para la transición hacia modelos empresariales más sostenibles.
El presidente de CONAMYPE también ha subrayado que el reto fundamental es “integrar las economías, en particular la micro, a la estructura productiva nacional”. La meta es que las microempresas dejen de operar en la subsistencia y logren consolidarse como actores económicos formales y productivos.
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